Roberto Pico
Luego de una licitación que lo obligó a pagar una alta tasa de interés para renovar vencimientos en pesos, el ministro de Economía, Luis Caputo, aceleró el proceso para que los organismos públicos inviertan sus excedentes presupuestarios en bonos del Gobierno y así sostener su cotización y disminuir la dependencia de los bancos.
Al Palacio de Hacienda y al Banco Central aún le cuesta ordenar el mercado financiero tras la decisión de eliminar las LEFI. De hecho días atrás la Secretaría de Finanzas tuvo que pagar hasta 65% anual para renovar vencimientos por $ 11,8 billones, lo cual le valió críticas de un amplio sector de economistas que cuestionan el manejo de los pasivos.
Inmediatamente, Caputo aceleró una decisión que ya se había tomado hace un tiempo, pero que aún no se había implementado: quiere quiere saber cuánta plata por mes les sobran a organismos públicos y empresas del Estado y que ese excedente lo coloquen en bonos en pesos.
La medida fue plasmada en el decreto 425 del 23 de junio y excluyó al Poder Legislativo, al Poder Judicial, al Ministerio Público y a bancos públicos. Todo el resto del sistema estatal quedó incluido en esta norma: administración central, organismos descentralizados, instituciones de seguridad social, empresas y sociedades del Estado, entes públicos y fondos fiduciarios total o mayoritariamente estatales.
El artículo 5 de este decreto definió que las dependencias alcanzadas le deben girar todos los meses a la Secretaría de Hacienda la siguiente información: el flujo de fondos ejecutado al cierre del mes anterior; el flujo de fondos proyectado, incorporando todos los gastos y recursos hasta el cierre del ejercicio; el estado de las disponibilidades e inversiones al cierre de cada mes.
De esta forma, Economía tiene un panorama de cuánto dinero dispone del total de la caja estatal para sostener el esquema financiero.
Tras la complicada licitación del martes, Caputo publicó el miércoles último una resolución de la Secretaría de Hacienda donde se autoriza el procedimiento para que se gire esa información y avanzar en la implementación.
Ahora el ministro contará con liquidez adicional que tanto podrá utilizar para intervenir en el mercado de bonos o para influir en las licitaciones quincenales que cada vez resultan más desafiantes. En agosto tendrá que renovar $ 38 billones.
Desde que se intentaron eliminar las LEFI el mercado de pesos entró en una fuerte volatilidad. Primero se derrumbó la tasa de interés, lo que llevó al dólar a $ 1.300 y luego el Gobierno intervino para quitar los pesos excedentes lo cual provocó el efecto inverso y le sirvió para contener el precio de la divisa.
Desde que se desató esta turbulencia, mediante diferentes mecanismos la gestión de Milei interviene en el mercado de bonos y en los futuros del dólar para controlar las variables y evitar un salto de la divisa que impacte en la inflación.
Por eso, en la última subasta Caputo tuvo que aceptar pagar 60% de tasa anual por los pesos depositados a un mes y 65% de tasa anual por los colocados a 15 días.
Los posteos irónicos que caracterizaron a los funcionarios del Ministerio de Economía en los últimos días viraron a explicaciones no tan jocosas que expusieron un momento complicado en las finanzas públicas.
En la licitación se renovaban $ 11.8 billones y se pudo refinanciar poco más de $ 9 billones, lo cual dejaría libres cerca de $ 2,8 billones que bien podrían presionar otra vez el tipo de cambio. Caputo y el secretario de Finanzas, Pablo Quirno, intentaron un tibia defensa a este planteo al aclarar que esa valuación no tiene en cuenta la suba de encajes que deberán afrontar los bancos desde el 1° de agosto.
“El rollover (por los $ 9 billones) tiene en cuenta el aumento de demanda de liquidez por el aumento de encajes anunciado por el BCRA. Nuestro mandato es claro, no queremos que sobren pesos excedentes en el mercado y tenemos una política monetaria muy restrictiva donde la tasa se determina de manera endógena. No vamos a liberar liquidez para que bajen las tasas”, explicó Quirno.
La contrapartida de esta situación es el fuerte aumento de la tasa de interés que tendrá impacto en la actividad económica.
En su último informe, la consultora de Orlando Ferres advirtió “un aumento del riesgo de desaceleración de la actividad” que se asocia “a un posible empantanamiento de la recuperación de los ingresos de las familias ya que la política monetaria prioriza el combate a la inflación por sobre la actividad, lo que conduce a tasas de interés más altas y volátiles”.