Roberto Pico
El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos publicó este martes el acuerdo de intercambio de información tributaria firmado con la Argentina y puso un signo de interrogación sobre el interés que provocará en los contribuyentes locales el blanqueo que pretende impulsar el Gobierno nacional.
“El artículo 3 punto 3 establece que la información se obtendrá e intercambiará con respecto al año calendario de entrada en vigor de este acuerdo y todos los años subsiguientes”, subrayó a este medio el tributarista Sebastián Domínguez.
Por su parte, “el artículo 10 punto 1 indica que el acuerdo entrará en vigor el 1 de enero del año calendario siguiente a la fecha de la notificación por escrito de Argentina a los Estados Unidos, confirmando la finalización de los procedimientos internos necesarios de Argentina”, añadió.
Domínguez consideró que “esto implica que la información a intercambiar no podrá ser de 2022 sino, si se cumpliera con lo requerido corresponderá al año 2023. Y esa información, se recibiría recién en septiembre de 2024″.
“Es decir, Argentina no recibiría información automática durante el Gobierno actual, sino que la recibiría el próximo mandato y eso debilita el blanqueo”, concluyó.
Economía apunta a un blanqueo amplio en su alcance, ya que se podría incluir dinero en efectivo, saldos de cuentas bancarias, portafolios de inversión, criptomonedas, inmuebles, muebles y otros bienes, incluyendo créditos, tanto en el país como en el exterior.
La iniciativa debiera ingresar por la Cámara de Diputados, cámara de origen de los proyectos legislativos. En ese contexto, el proyecto que impulsó el senador Oscar Parrilli podría ser declarado inconstitucional.
De acuerdo a un borrador que se conoció en las últimas horas, las alícuotas serían con tramos trimestrales, con un primer corte el 31 de marzo, un segundo en 30 de junio y el último el 30 de septiembre.
Para ello la norma debiera estar vigente a partir del 1° de enero y para eso quedarían poco más de dos semanas para cumplir con todos los pasos legislativos que demandan una ley de este estilo.
Pero la efectividad de la propuesta podría verse debilitada tras conocerse el cronograma de puesta en vigencia del acuerdo firmado con Estados Unidos.