Redacción Vía Córdoba
La provincia de Córdoba, célebre por sus parajes naturales y alejados centros urbanos, a menudo atrae a quienes buscan transformaciones espirituales, convirtiéndose a veces en escenario de polémicas. En esta ocasión, el foco se posa sobre Amatreya, una comunidad que, tras dos décadas de existencia, cambió varias veces de ubicación en las Sierras.
Originada en Kilampá, cerca de Cura Brochero, en Traslasierra, se trasladó a Sierras Chicas y ahora se establece en el Valle de Paravachasca, próximo a Alta Gracia. Un hombre, que formó parte de Amatreya, calificó a la organización como una “secta coercitiva” y denunció la situación de su hijo, quien permanece dentro del grupo junto a su madre.
CÓMO FUNCIONARÍA LA SUPUESTA SECTA EN CÓRDOBA
El denunciante, que logró salir de la comunidad, aseguró a Canal 10 haber experimentado y conocido las “cosas horribles que suceden ahí adentro”. La comunidad, integrada por 60 personas, reside de forma retraída en un extenso campo de alrededor de 400 hectáreas, mayormente desconectada del entorno exterior.
La comunicación oficial de Amatreya describe una vida enfocada en la medicina natural, la alimentación vegana, la agroecología y la autosustentabilidad, buscando la autosuficiencia. Se presentan como parte de un movimiento global para crear pueblos con “nuevos paradigmas” organizacionales y relacionales, como preparación para un supuesto “gran caos” global resultante de la explotación de recursos.
Esta comunidad está constituida como una asociación civil sin fines de lucro, donde los miembros eligen participar y los bienes son propiedad de la asociación, siendo los socios, por lo tanto, dueños de estos bienes.
Sin embargo, la denuncia actual contrapone esta visión idealizada. Se apunta a una serie de prácticas preocupantes en la vida interna del grupo: la pérdida de individualidad, un liderazgo espiritual autoritario, el aislamiento social de sus miembros, la construcción de una realidad paralela, una narrativa que promueve el sacrificio personal, y la marcada falta de vida fuera de los límites del grupo, llevando a una desconexión con la cotidianidad. Los dirigentes señalados en la denuncia son Rosa María Zamora Martín (conocida como Amura) y Andrés Eugenio Torres Aliaga (alias Eleodhor).
El denunciante detalló cómo estas prácticas afectan directamente a los niños dentro de Amatreya. Mencionó que no se les enviaría al colegio, no se les aplicarían vacunas, se les prohibiría el consumo de proteína animal, se les asignarían nombres de índole espiritual y se les sometería a terapias alternativas y presuntas sanaciones.
Estos aspectos, junto con otras prácticas coercitivas, ponen en riesgo la salud física, psíquica y emocional de los menores, según la perspectiva del padre. También señaló que la cooptación de nuevos integrantes a menudo se facilita a través de terapias alternativas y programas de voluntariado.
DENUNCIÓ QUE SU HIJO ESTÁ ATRAPADO EN UNA SUPUESTA SECTA EN CÓRDOBA
Este caso no es un hecho aislado en la historia de Amatreya en Córdoba. En el año 2009, la comunidad ya estuvo vinculada a la ausencia escolar de niños en Villa Los Aromos, una población cercana a su entonces ubicación. 11 menores dejaron de asistir a clases y fueron identificados como miembros de Amatreya, donde se encontraban bajo guarda judicial, muchos provenientes de familias con conflictos.
Durante más de 12 meses, estos niños no acudieron a ninguna institución educativa. Aunque aquel episodio no tuvo una resolución legal específica por la situación de guarda judicial, impulsó la creación de la ley provincial N° 9891. Esta legislación cordobesa establece un “Programa de Prevención y Asistencia a las Víctimas de Grupos Usan Técnicas de Manipulación Psicológica”, promovida por la legisladora Nadia Fernández.
En la actualidad, la situación del niño protagonista de esta nueva denuncia, por determinación del fiscal penal de turno y la Senaf, lo mantiene residiendo en el campo de Amatreya con su madre. Según el relato del padre, solo se le permite visitar a su hijo durante “solo cuatro días por mes”.
El proceso legal iniciado por el padre data del año 2020. Presentó una demanda ante el juez de primera instancia de Cura Brochero, José María Estigarribia, manifestando su oposición a que su hijo permaneciera en el campo Kilampá. En mayo de 2025, al mudarse la madre con el hijo al nuevo campo de Amatreya en Alta Gracia, el juez resolvió enviar el expediente a la jurisdicción de Alta Gracia, donde continúa el trámite judicial en medio de la preocupación paterna por la permanencia del niño en un entorno que considera una secta.