El 10 y 11 de febrero de 2005, Córdoba se vio sacudida por uno de los motines más violentos de su historia, un evento que dejó una profunda cicatriz en la memoria colectiva. Este lunes, se cumplen dos décadas de aquel trágico suceso en la cárcel de San Martín.
Este hecho no solo expuso las condiciones infrahumanas en las que vivían los internos, sino que también desnudó la falta de capacitación y recursos del personal penitenciario.
20 AÑOS DEL MOTÍN EN SAN MARTÍN: HACINAMIENTO Y DESCONTENTO
Varios factores confluyeron para desencadenar la revuelta. El principal fue el hacinamiento extremo en la prisión, que albergaba a más de 1.600 reclusos cuando su capacidad máxima era de 800. Esta sobrepoblación generó tensiones constantes y un ambiente de violencia latente entre los internos.
A esto se sumó la precaria capacitación y escasez de personal de guardiacárceles, donde cada uno debía supervisar a casi 60 presos. Otro detonante clave fue la modificación del régimen de visitas, que redujo los días y horarios, e impuso restricciones a los familiares con antecedentes penales, impidiendo que muchos reclusos vieran a sus seres queridos.
CÓMO FUE EL DÍA DEL ESTALLIDO DEL MOTÍN MÁS SANGRIENTO DE CÓRDOBA
El motín comenzó en medio de un día de visitas, cuando una pelea entre internos de los pabellones 5 y 6 se convirtió en una batalla campal. Los presos, aprovechando la confusión, desarmaron a los guardias y tomaron el control de la cárcel. Los reclusos cerraron las puertas de acceso y se subieron a los techos del penal, exhibiendo su poder y amenazando a los oficiales.
Uno de los momentos más dramáticos fue el intento de fuga en un camión, utilizando a un guardia como escudo humano. La Policía respondió con una balacera que terminó con cuatro reclusos y un guardia muertos. Estas imágenes, que dieron la vuelta al mundo, mostraron la cara más violenta del motín. Tras este hecho, los amotinados cedieron y se dio inicio a las negociaciones para pacificar la situación.
MOTÍN EN LA CÁRCEL DE SAN MARTÍN: EL ROL CLAVE DE UN SACERDOTE
En las negociaciones tuvo un papel fundamental el sacerdote Hugo Olivo, capellán de la cárcel, quien, gracias a su ascendencia sobre los internos, actuó como garante de paz y facilitó el desarme de los presos sin que se produjeran más muertes dentro del penal.
El motín dejó un saldo de ocho muertos: cinco presos, dos guardiacárceles y un policía. Además, la crisis institucional llevó al desplazamiento de la jefa del Servicio Penitenciario, Graciela Lucientes de Funes, y del director de la cárcel, Daniel Corso.
A pesar de las graves consecuencias, ningún responsable político fue investigado, y la Justicia solo condenó a 55 de los 59 presos acusados de provocar la revuelta.
