El juzgado Federal de Río Cuarto ordenó al Estado Nacional que realice el pago de las indemnizaciones a familias afectadas por la voladura de la Fábrica Militar de Río Tercero, en fallo que dispone un plazo de 30 días y que se hizo público este martes.
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De esta manera la Justicia Federal respondió al pedido colectivo que realizaron unas 10.000 familias riotercerenses, con la representación legal del abogado Mario Ponce, que la semana pasada había presentado un pedido intimación al Estado, por el incumplimiento del pago de las indemnizaciones por aquellas explosiones del 3 de noviembre de 1995.
En su dictamen, el juez federal de Río Cuarto, Carlos Ochoa, señaló que “debe procederse de manera rápida y expeditiva en el plazo no superior a los treinta días, a la liquidación y depósito de los bonos cancelatorios”, recoge el portal Tercer Río Noticias.
