Quién está realmente detrás de Wachitas Bar: la trama que salió a la luz tras el crimen de Agostina Vega
Desde una titular "prestanombre" hasta recomendaciones oficiales de la Municipalidad que fueron borradas tras el crimen.


La noche de Córdoba se encuentra bajo la lupa tras el femicidio de Agostina Vega, y en el centro de la escena aparece un nombre que genera más dudas que certezas: Wachitas Bar. El local, ubicado en Independencia 521, no es solo el lugar donde trabajaba la expareja del principal sospechoso, Claudio Barrelier, sino que representa un complejo entramado de habilitaciones dudosas, falta de controles y movimientos financieros que la Justicia y el poder político ya empezaron a rastrear.

Lo más impactante surge de los registros oficiales. La persona que figura como responsable legal de Wachitas es Nicole W., una joven de apenas 22 años domiciliada en barrio Cabildo. A pesar de manejar uno de los puntos más concurridos de la movida nocturna en Nueva Córdoba, la joven no tiene empleados registrados a su cargo, lo que evidencia que el personal del bar, incluida Soledad Andreani (dueña del auto usado para trasladar el cuerpo de la víctima), trabajaba de manera informal.
La situación de Nicole W. despierta sospechas de que podría tratarse de una "prestanombre". Según los datos obtenidos de Arca, la joven está inscripta bajo dos rubros: el expendio de bebidas en bares y la venta al por menor de frutas, legumbres y hortalizas frescas.

Este último registro tiene su origen en la pandemia, cuando el local se reconvirtió en una verdulería bajo el nombre de "Aquí está la papa" para poder seguir operando durante las restricciones de circulación.
Aunque Nicole mantiene sus números en regla ante el Banco Central y recientemente obtuvo un préstamo de 12 millones de pesos, su perfil no encaja con el de un empresario del sector . En las sombras del negocio aparece Luis Alberto M. (38), un familiar que fija domicilio fiscal en el mismo inmueble del bar y que registra movimientos de dinero mucho más agresivos.
Luis opera con montos que oscilan entre los 6,7 y 12 millones de pesos mensuales, a pesar de no tener una actividad económica registrada que sustente tales ingresos, y acumula juicios por parte de Rentas y la Municipalidad desde 2024.
La relevancia de Wachitas Bar en la crónica policial estalló cuando se confirmó que Soledad Andreani, empleada del lugar, es la dueña del Ford Ka negro utilizado para descartar el cuerpo de Agostina en un descampado de Ampliación Ferreyra. Andreani trabajaba en el bar desde hace años y habría sido allí donde conoció al asesino.

La querella, representada por el abogado Carlos Nayi, ha solicitado la imputación de la mujer, considerando que su rol podría haber sido clave en el encubrimiento del crimen. Ante la escalada del escándalo, la administración de Wachitas emitió un comunicado en redes sociales negando cualquier vinculación societaria con los investigados, asegurando que los propietarios son "totalmente ajenos" a los hechos y que colaboraron con los allanamientos policiales.
Uno de los puntos que más insólitos tiene que ver con que la Municipalidad de Córdoba recomendaba a Wachitas Bar en su sitio oficial como un "punto turístico destacado". La descripción oficial destacaba su "programación permanente de bandas en vivo" y lo posicionaba como un referente del rock nacional en Nueva Córdoba.

Sin embargo, esta recomendación se mantuvo activa incluso cuando el bar acumulaba múltiples clausuras por "espectáculos no autorizados", "ruidos molestos" y "exceso de capacidad".
Tras el femicidio y la exposición mediática del caso, la publicación fue eliminada del portal municipal, un movimiento que quedó registrado en sitios de archivo digital.

La reciente clausura del local no se debió únicamente a su vinculación con el caso policial, sino a un estado de abandono alarmante en su infraestructura. Encontraron fallas graves en las instalaciones eléctricas, falta de señalización, elementos de seguridad vencidos y modificaciones estructurales no declaradas. Lo que finalmente selló su cierre fue la violación de la faja de clausura previa.
El escándalo de Wachitas Bar ya tiene su correlato político en el Concejo Deliberante. El Frente Cívico presentó un pedido de informes exigiendo el legajo completo del comercio, cuestionando cómo un lugar con tantas infracciones seguía funcionando y era promocionado oficialmente.

"La Municipalidad clausura cuando ya es tarde", sentenciaron desde la oposición, señalando que estos locales suelen ser "pantallas" para actividades "mucho más oscuras". La dirigencia política apunta a desentrañar quién es el verdadero "dueño de la noche" que administra estos espacios bajo nombres de terceros

Se sospecha que Wachitas Bar podría ser solo la punta del iceberg de una red de locales que funcionan en "zonas liberadas", facilitando economías delictivas bajo la fachada de un simple expendio de bebidas.
A día de hoy, el lugar permanece cerrado con fajas municipales, mientras la Justicia bajo secreto de sumario intenta reconstruir las últimas horas de Agostina Vega. La investigación sobre la titularidad del bar y sus nexos financieros corre en paralelo a la causa por el femicidio, buscando determinar si la estructura del local sirvió para proteger a Barrelier o para ocultar pruebas clave.