La Corte Suprema de Justicia dejó firmes este jueves las condenas a los tres militares retirados por la voladura de la Fábrica Militar de Río Tercero, ocurrida el 3 de noviembre de 1995. Con el fallo, el máximo tribunal confirmó que la explosión fue un atentado para eliminar las pruebas de la venta ilegal de armas a Croacia y Ecuador.
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El estallido dejó siete muertos, más de 300 heridos y decenas de casas destrozadas. La decisión confirmó de esta manera las condenas por el delito de estrago doloso seguido de muerte contra cuatro directivos que dictó en 2017 la Cámara de Casación y rechazó el planteo de apelación de las defensas.
En la causa, el ex presidente Carlos Saúl Menem, fallecido el 14 de febrero, fue absuelto, luego condenado y posteriormente absuelto en 2018 por prescripción a falta de una condena firme. La Corte Suprema de Justicia revisaba la absolución antes de su fallecimiento.
Aquella resolución definía a las explosiones como intencionales, programadas y revelaba que se colocó un artefacto que hizo que el fuego se expandiera por la fábrica. Los peritajes arrojaron como resultado que la explosión sucedió porque explotaron un tambor con trotyl de descarga y que el fuego se inició intencionalmente.
Recibieron 13 años de prisión el entonces director de la Fábrica Militar, Jorge Antonio Cornejo Torino; el director de Producción, Carlos Franke y el director de Coordinación Empresaria, Edberto González de la Vega -quien falleció-. Cornejo y Franke están detenidos (el primero en Salta y el segundo en Ezeiza).
En tanto, el entonces jefe de Producción Mecánica, Marcelo Gatto, fue condenado a 10 años de prisión, que cumple de manera domiciliaria por cuestiones de salud.
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Repercusiones
El intendente de Río Tercero, Marcos Ferrer, señaló a Cadena 3 tras el fallo que reivindica la posición que tenían desde hace años pero que “no cura las heridas”.
“Más allá de estas personas que formaban parte de Fabricaciones Militares, hubo cargos jerárquicos muy importantes involucrados, hasta el propio presidente Menem. Ofician de chivos expiatorios, los granes responsables políticos de esta situación están en la más absoluta impunidad”, expresó.
Ferrer reclamó que “no puede ser” que un atentado planificado y provocado pase “tantos años en impunidad” y que se lesionó “la dignidad de un pueblo que esperó más de 20 años para encontrar correlato en la Justicia”.
