Quién es Omar Ludueña, el empleado de la Legislatura de Córdoba denunciado por abuso
Una mujer denunció al integrante de la Legislatura de Córdoba ligado a la Unión Cívica Radical (UCR), por hechos de la infancia. El caso está en la Justicia.
Redacción Vía CórdobaUn nuevo hecho sacude el escenario político provincial con la difusión de una presentación judicial contra Omar Manuel Ludueña, empleado de planta permanente de la Unicameral.
Legislatura de Córdoba: un asesor del bloque radical fue denunciado por un supuesto abuso
El acusado militaba en la seccional cuarta de la Unión Cívica Radical (UCR) de Córdoba y se desempeñaba como colaborador dentro del espacio de la oposición.
La acusación formal ingresó el 15 de agosto ante la Fiscalía de Delitos contra la Integridad Sexual de la provincia.
Los detalles de la denuncia judicial
La presentación fue efectuada por una hermana adoptiva de Ludueña, quien sostuvo que los abusos ocurrieron en su entorno familiar durante su niñez.
Según su testimonio, las agresiones con acceso carnal se extendieron desde que ella tenía 3 años hasta los 14.
La denunciante fue identificada como "Rocío" para preservar su identidad. En declaraciones brindadas a La Voz, actuó judicialmente luego de ser madre.
La víctima relató que a los 6 años existió una exposición ante las autoridades que no continuó debido a temores e intimidaciones.
Pedido de desvinculación en la Unicameral
Luego de tomar conocimiento del caso mediante mensajes en redes sociales, autoridades del bloque opositor realizaron presentaciones ante la Justicia.
La legisladora Alejandra Ferrero elevó una nota a la vicegobernadora solicitando el apartamiento preventivo de Ludueña.
“Pedí el apartamiento y que se arbitren las medidas disciplinarias urgentes frente a esta situación tan grave”, afirmó Ferrero en diálogo con El Doce.
En paralelo, la concejal Elisa Caffaratti realizó el 8 de septiembre un escrito ante la Fiscalía de Segundo Turno para aportar antecedentes.
Situación administrativa y antecedentes
Ludueña ingresó como colaborador legislativo en 2011 y accedió a la planta permanente en 2015 luego de rendir un concurso público.
Desde el bloque radical aclararon que el empleado había presentado los certificados de antecedentes penales sin registrar condenas previas.
Actualmente, las autoridades administrativas de la Unicameral deberán dictaminar los pasos a seguir respecto al estatuto del empleo público.
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En tanto, las referentes políticas enfatizaron su acompañamiento a la denunciante a la espera de definiciones de la Justicia.
