Murió el cura de Córdoba expulsado del Vaticano por abuso
Tenía 74 años y estaba apartado del estado clerical desde 2021 por decisión de la Santa Sede.


Julio César Aguirre, el excura que durante casi tres décadas estuvo al frente de la parroquia Jesús y María, falleció a los 74 años. Había sido expulsado del estado clerical por decisión del Vaticano luego de ser declarado responsable, en un proceso canónico, por abuso sexual de una menor de edad.

El juicio nunca llegó a realizarse porque, en los últimos años, el acusado fue declarado incapaz de afrontar el proceso debido al deterioro de su salud cognitiva.
El 14 de julio de 2021, la Santa Sede confirmó la expulsión definitiva de Aguirre del estado clerical. La medida fue adoptada tras concluir el proceso canónico iniciado por denuncias de abuso sexual y luego de rechazar la apelación presentada por el sacerdote.

Con esa resolución perdió de manera definitiva la posibilidad de ejercer el ministerio sacerdotal y todos los derechos vinculados a esa condición.
La investigación comenzó en 2019, cuando una mujer denunció que había sido abusada por Aguirre cuando era menor de edad. Según su testimonio, los hechos habían ocurrido alrededor de 20 años antes.
Con el avance de la causa se incorporó una segunda denuncia, presentada por un hombre que también aseguró haber sido víctima de abusos cuando el sacerdote desarrollaba tareas pastorales. A partir de esos testimonios se iniciaron en paralelo una investigación judicial y el proceso canónico impulsado por la Iglesia.

Mientras avanzaban las investigaciones, la Arquidiócesis de Córdoba resolvió trasladar a Aguirre desde la parroquia Jesús y María hacia una capilla ubicada en barrio Alto Alberdi.
La decisión generó cuestionamientos en distintos sectores, que reclamaban medidas más firmes mientras la causa seguía su curso. En declaraciones realizadas en ese momento, el sacerdote evitó referirse a las denuncias y sostuvo que necesitaba "un tiempo de reflexión para seguir adelante".
En los últimos años, Aguirre permaneció bajo el cuidado de su familia debido al deterioro de su estado de salud. Los informes médicos incorporados al expediente concluyeron que no estaba en condiciones de afrontar un juicio oral, por lo que la causa penal quedó suspendida.

Con su fallecimiento, la acción penal se extingue y el proceso judicial no llegará a una sentencia.