Redacción Vía Córdoba
La Justicia investiga a la organización Remar por presunta explotación laboral. La asociación, que recupera a jóvenes y adultos que cayeron en las adicciones, está bajo la mira ya que sospechan que malversaba el dinero obtenido de la venta de productos y muebles que los pacientes fabricaban.
Gendarmería informó que al menos 403 personas fueron “rescatadas” en el marco de unos 32 allanamientos realizados en las últimas horas en distintos puntos del país. Los procedimientos se realizaron en Córdoba y en otras provincias como Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos, Mendoza y San Luis.
Fuentes con acceso a la causa señalaron a La Voz que la pesquisa se inició por una denuncia de una presunta víctima que trabajaba o se desempeñaba en esa ONG. Hay al menos siete personas bajo sospecha judicial.
Por ahora, no se conocen las imputaciones. Todo hace presumir que la acusación sería por trata de personas. De todos modos, no se descarta que puedan existir otros delitos.
“Han quedado demoradas. De un momento a otro se conocerán las imputaciones. Sucede que se están receptando muchas entrevistas a las víctimas y se están realizando diversas diligencias”, dijo un informante. “Puede haber más involucrados”, añadió una fuente con conocimiento de la pesquisa.
CUÁL ES LA SOSPECHA DE LA JUSTICIA CONTA REMAR
La hipótesis central es que varios responsables de la ONG se habrían aprovechado, desde hace tiempo, del trabajo que realizan adictas y adictos en recuperación. En ese marco, sospechan que el dinero de lo obtenido por las ventas de los productos fabricados iba a parar a unas pocas manos.
Desde el pasado martes se vienen realizando distintos allanamientos en sedes de Remar y en domicilios particulares de varios de sus responsables, según trascendió. También hubo acciones en granjas. En Córdoba, hubo allanamientos en Guiñazú, Río Ceballos, Salsipuedes, Río Cuarto y Las Higueras, entre otros sitios.
En paralelo, se secuestraron notebooks, computadoras, celulares, dinero en efectivo (1.919.520 pesos argentinos y 9.140 dólares estadounidenses) y demás elementos de interés para la causa. Se sospecha que, conforme se realicen más procedimientos, es probable que se incaute más efectivo.
El juez Juan Esteban Maqueda dispuso la prohibición de salida del país para siete personas y que no se acerquen a los lugares allanados ni tengan contacto con allegados a las víctimas. En paralelo, ordenó que las víctimas queden a cargo de un programa de rescate y acompañamiento del Ministerio de Justicia de la Nación.