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| viernes, 31 de julio de 2026
A pocos días del inicio del debate oral, la estrategia de la defensa de Oscar González generó un fuerte cimbronazo en la opinión pública de Córdoba. El lunes 3 de agosto, a las 9, el exlegislador se sentará en el banquillo de los acusados en la Cámara Criminal y Correccional de Villa Dolores.
González llega al proceso imputado por los delitos de homicidio culposo y lesiones culposas agravadas. El hecho ocurrió el 29 de octubre de 2022 en la ruta provincial E-34, donde falleció la docente Alejandra Bengoa y dos adolescentes resultaron con heridas de gravedad.
El abogado defensor Miguel Ortiz Pellegrini reveló que uno de sus principales pilares será cuestionar la habilitación de la víctima fatal. Según el letrado, Bengoa no debería haber estado al volante del Renault Sandero rojo al momento del trágico siniestro vial.
“La señora que conducía el Sandero rojo estaba inhabilitada para conducir desde el primero de octubre del año 2019”, afirmó Ortiz Pellegrini en declaraciones a La Voz. Según detalló, la mujer llevaba tres años conduciendo sin la habilitación legal correspondiente.
Para respaldar esta afirmación, la defensa aseguró contar con documentación oficial que será presentada ante el Tribunal presidido por el camarista Santiago Camogli. Ortiz Pellegrini mencionó contar con una resolución específica que acredita la infracción.
“Tengo la sentencia dictada el primero de octubre del 2019 del juzgado de faltas número dos, donde le cancelan la habilitación”, precisó. El motivo de esta sanción, según la defensa, sería la acumulación de más de 20 puntos de faltas de tránsito.
Este dato no es menor para la estrategia legal, ya que el defensor sostiene que esta situación administrativa impacta directamente en las coberturas legales. “Basta para que no tenga la protección legal porque está en infracción”, sostuvo el letrado ante la consulta periodística.
La revelación busca contrastar con los cuestionamientos que recibió González por su propia licencia de conducir, emitida en una comuna pequeña del interior. La defensa insiste en que la situación de su cliente es administrativamente distinta a la de la víctima.
“Esta habilitación para conducir no ha sido cuestionada ni por la fiscal ni por la querella”, remarcó Ortiz Pellegrini sobre el carnet del exfuncionario. De esta manera, el juicio en Traslasierra se perfila como un escenario de alta tensión técnica y política.
El proceso contará con la participación de la fiscal Analía Gallaratto y un equipo de abogados querellantes en representación de los damnificados. Se espera que durante las audiencias se analice no solo la velocidad de los vehículos, sino también las maniobras realizadas en el paraje Niña Paula.
Redacción Vía Córdoba