Lucas Sismondo
En las últimas horas, Juan Pablo Quinteros, ministro de Seguridad de Córdoba, fue acusado de un grave delito: defraudación a la administración pública. La denuncia fue presentada a Tribunales por los legisladores del bloque del Frente Cívico y el parlamentario opositor Gregorio Hernández Maqueda (exCoalición Cívica-ARI).
DE QUÉ ACUSAN AL MINISTRO DE SEGURIDAD DE CÓRDOBA
La denuncia es por “intento de defraudación a la administración pública”, según expresa el expediente. Los denunciantes pidieron que la Justicia investigue el proceso de compra de vehículos para las Guardias Locales de Prevención.
Según informaron desde el Frente Cívico, la división de seguridad del gobierno de Martín Llaryora inició una compra de 400 vehículos por un valor 70 por ciento superior al de mercado. En pocas palabras, sobreprecios.
Se trata de autos que pasarían a formar parte de la Guardia Urbana que circula por las calles de Córdoba. La presentación dice que Seguridad comprará unidades de Renault Sandero por un costo de 37 millones de pesos, cuando cada una tiene un valor de mercado de 23 millones.
Mientras que, las autoridades abonarían 38 millones de pesos por un Peugeot 208, que actualmente tiene un valor de mercado de 22 millones. Además, el pliego expresa que el pago es anticipado, es decir, antes de la entrega de las unidades.
QUÉ RESPONDIÓ QUINTEROS ANTE LA DENUNCIA DE “SOBREPRECIOS”
Juan Pablo Quinteros negó la operación y explicó: “El motivo de la denuncia es un expediente de una compra de 400 vehículos que está en el Tribunal de Cuentas con un pedido de reactivación. El pedido de reactivación fue por esta resolución del 14 de mayo, en el que dimos de baja al proceso de subasta electrónica e iniciamos otro que ya está en marcha por la compra, no de 400, sino de 600 vehículos...”.
Además, agregó: “Esto se hizo por un proceso de subasta electrónica, que es el mecanismo más transparente que tiene la administración pública, ya que durante una determinada cantidad de horas todos los oferentes que quieran van viendo qué precios van ofreciendo y van bajando”.
“Luego se dictó el acto administrativo correspondiente, fue al Tribunal de Cuentas y a través de un informe de nuestra área financiera que también, al igual que la denuncia, está fundado en un informe inicial de ACARA, que es donde ellos dicen que han visto el precio, en el cual hablan claramente de las condiciones de mercado, que han cambiado por el segundo trimestre, con deflación. Los autos habían bajado de precio y efectivamente dimos de baja el proceso de compra”, cerró.