Jorge “Coco” Massobrio fue un productor agropecuario de General Cabrera que decidió donar sus campos a dos entidades locales, luego de su muerte. Hoy, una resolución judicial determinó que se cumpla la voluntad de este vecino y se otorgue lo heredado.
Massobrio falleció el 1 de septiembre del 2016, a los 86 años. No tenía esposa ni hijos y siempre colaboraba con instituciones de la comunidad, de manera anónima. La mayor sorpresa se produjo al leerse su testamento. El productor le dejó 150 hectáreas de campo a la Asociación de Bomberos y 243 a la Asociación Cooperadora del Ipea 291.
En el testamento, Massobrio, puso una condición: que no haya injerencia estatal en la administración o disposición de los bienes cedidos a las instituciones de bien público. Además, dejó sentado que no podrán vender ni enajenar los campos legados.
Previó que todo lo que bomberos obtenga por renta directa o alquiler deberá usarse para mejorar equipos y dar capacitación y el colegio, para crear un nivel terciario (tecnicaturas) y sostener un sistema de becas para niños de escasos recursos.
A instancia judicial
Massobrio también le legó otros bienes a otras personas allegadas a él. Pero el trámite de la herencia se demoró porque herederos colaterales, no forzosos (un sobrino) presentaron un reclamo ante la Justicia. El planteo fue desestimado en dos instancias, pero por el tiempo que llevó su tratamiento, las instituciones se vieron en la imposibilidad de disponer de lo heredado.
Según informaron en las últimas horas, ahora la Justicia ya adjudicó las propiedades y reguló honorarios de los abogados, con lo que sólo resta la inscripción de los bienes en el Registro de la Propiedad.
Hector Dulla, ex presidente de Bomberos y miembro de la cooperadora escolar, admitió que para destrabar la situación judicial, las instituciones decidieron no apelar honorarios del abogado Alberto Bertea (ex secretario de Seguridad de la Provincia), quien patrocinó a quienes quedaron fuera de la herencia, no obstante cobraría una cifra varias veces millonaria.
Dulla explicó que a fines del año pasado las instituciones herederas llegaron a una instancia crítica porque se vencían los contratos de alquiler, sumaban deudas de impuestos y tenían las cuentas embargadas por el abogado.
“Es injusto pero no se podía dilatar más la situación”, dijo Dulla a medios de General Cabrera y anticipó que pronto brindarán en conferencia de prensa todos los detalles del trámite judicial.