Redacción Vía Córdoba
El juicio por la muerte de cinco bebés y los ataques sufridos por otros ocho en el Hospital Materno Neonatal de Córdoba ingresó en su etapa final. Este lunes, en la Cámara Séptima del Crimen, dos nuevos testigos aportaron pruebas que pueden ser claves para determinar el grado de involucramiento de los acusados, y si existió responsabilidad institucional.
Declaró como testigo el médico Carlos Cánovas, quien durante la etapa de los hechos investigados fue subsecretario de Salud del Ministerio de la Provincia. Explicó que el 7 de junio se enteró de dos muertes e irregularidades en el Neonatal. Contó que Diego Cardozo, entonces ministro de Salud de Córdoba, le había dado la orden al entonces secretario de Salud Pablo Carvajal, para que iniciara una investigación administrativa en el hospital para saber qué pasaba y que además dio la orden de realizar la denuncia ante la Justicia “por tratarse de muertes de etiología dudosa”. También prestó declaración José Ignacio Alegre, secretario privado del exministro.
Cánovas informó que a partir de esa fecha designaron a dos profesionales para que realizaran la investigación administrativa: Marcela Yanover, quien era directora de Maternidad e Infancia, y Genoveva Ávila, jefa de la División Enfermería.
Cánovas agregó que entre 15 y 20 días después de esa fecha, tuvo una reunión donde se presentaron los resultados de la investigación administrativa realizada por Ávila y Yanover. En esa reunión, también estuvieron Carvajal, Federico Robledo y Mariana Figueroa, quien se desempeñaba en el área de Legales del Ministerio.
Agregó que ese día se presentaron casos anteriores al 7 de junio y que el primer paciente que había llamado la atención se remontaba al 18 de marzo. Entre las distintas hipótesis que explicarían la mala evolución de esos casos, se habló de posibles eventos farmacológicos, picaduras de insectos, se comunicó sobre el recambio de vitamina K y también se habló sobre “un posible factor humano”, indicó.
“Ahí sale el nombre de Brenda Agüero como la que participaba en todas las acciones; avisaba antes de que sucedieran los casos”, señaló. “Hasta ese momento no había suficientes datos científicos, médicos, técnicos de lo que había sucedido o cómo eran las características particulares de todos esos casos. No nos entraba en la cabeza que se diera una cuestión así; que se tratara de matar chicos”.
LA DECLARACIÓN DEL SECRETARIO DE CARDOZO
El primer testimonio que tuvo lugar en la mañana del lunes generó una mayor controversia entre las partes. José Ignacio Alegre, quien era el secretario privado de Cardozo, explicó que el entonces ministro de Salud se enteró el 7 de junio de 2022 de las dos muertes y de algunas inconsistencias en el hospital Neonatal.
“Me dijo que estuvo en una reunión. Que hubo algunas irregularidades o inconsistencias en el hospital Neonatal y me pidió que convocara a (Alejandro) Gauto, (Carlos) Cánovas y (Pablo) Carvajal”. De esa reunión salió la orden de realizar la denuncia judicial, indicó.
Alegre fue convocado como testigo por pedido de la defensa de Cardozo. Era quien manejaba la agenda del ministro. Agregó que entre ocho o nueve días después de esa fecha, el exministro viajó a Massachusetts, Estados Unidos, invitado por la Cámara de Comercio Argentino Norteamericana (AmCham).
Su relato saltó al 11 de agosto de 2022, día en que la noticia de las muertes de bebés en el Neonatal comenzó a ser difundida por medios periodísticos. “Cuando se hace público el caso, teníamos agendada una reunión en el Instituto Oulton, por una aparatología nueva. La jefa de Prensa del Ministerio de Salud nos llama y nos dice que volvamos al ministerio porque estaban pasando algunas cosas por la radio”, recordó.
Y añadió que Cardozo le preguntó a Carvajal qué había pasado. Según el testigo, el entonces secretario de Salud le habría dicho: “Nos ganaron de mano”.
Se anticipó que Cardozo y Asís hablarán, pero no responderán preguntas. Junto a ellos, también prestarán testimonio Carlos Cánovas, quien fuera subsecretario de Salud durante la gestión de Cardozo, su entonces secretario privado, Juan Alegre, la médica neonatóloga Marcela Quaglia y Mariana Figueroa, a cargo de la oficina Legal y Técnica del Ministerio de Salud provincial en el momento de los hechos.
Por otro lado, Brenda Agüero tendrá la oportunidad de defenderse y es probable que acepte responder a los interrogatorios. La querella manifestó su esperanza de que el juicio culmine con una resolución judicial condenatoria.
Los alegatos de los fiscales comenzarán el 28 de abril, seguidos por los de los abogados querellantes y las defensas. Se estima que el veredicto final se conocerá el 2 de junio.
NEONATAL: INVESTIGAN UN POSIBLE FALSO TESTIMONIO
La jornada previa a estas declaraciones estuvo marcada por el testimonio de la obstetra Patricia Pereyra, quien estuvo de guardia en junio de 2022, fecha en la que ocurrieron dos muertes y dos descompensaciones de recién nacidos. Varios abogados querellantes expresaron su disconformidad ante la reticencia de la médica a responder o recordar información relevante, lo que llevó al fiscal de Cámara, Sergio Ruiz Moreno, a anticipar que se evalúa remitir antecedentes para que se investigue a varios testigos por falso testimonio o por presuntas participaciones en el encubrimiento agravado.
Otro punto crucial en el desarrollo del juicio fue la presentación del informe técnico sobre el análisis de los teléfonos de cinco funcionarios, incluyendo los de Liliana Asís y Diego Cardozo. Los peritos de la Unidad de Equipos Móviles del Ministerio Público Fiscal señalaron la existencia de borramientos y distintas formas de eliminar información en estos dispositivos.
El fiscal Ruiz Moreno interpretó que lo más importante no es lo que se encontró, sino lo que no había, ejemplificando la ausencia de mensajes relevantes sobre eventos críticos en los días en que ocurrieron. Se detectaron eventos de restablecimiento de fábrica en los teléfonos de Escudero Salama y Cardozo poco después de que la fiscalía solicitara información crucial. Esta situación alimenta la hipótesis de encubrimiento.
En contraposición, las defensas argumentan que los borramientos podrían deberse a actualizaciones automáticas de software y no a una intención deliberada de ocultar información.