Determinaron que no hubo complicidad política en la estafa del “falso médico”

Ignacio Martín, el falso médico del COE, se encuentra en prisión preventiva mientras tres fiscales lo investigan por diversas causas. Los magistrados Pablo Jávega, Andrés Godoy y Daniel Miralles deberán determinar la responsabilidad penal del estafador.

Hoy, se pronunció Miralles, quien investigaba la responsabilidad penal que habrían tenido los funcionarios de turno, cuando Martín ejercía de manera ilegal la profesión en el COE de Río Cuarto. Como resolución, el fiscal consideró que el joven no tuvo complicidades políticas durante la ejecución de sus actividades.

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El funcionario judicial a cargo de la Fiscalía de Cuarta Nominación de Río Cuarto archivó la denuncia de los concejales de Juntos por Río Cuarto que pretendía que se investigue si funcionarios o empleados públicos cometieron delitos por los cuales el médico trucho tuvo acceso al COE y durante el tiempo que estuvo a cargo de una función clave dentro del organismo.

En este sentido, aseguró que Ignacio Martín actuó en soledad, de forma planificada, conociendo y aprovechándose de la situación de emergencia sanitaria provocada por la pandemia de Covid-19 en la provincia de Córdoba. “Todo el desarrollo efectuado, avalado en las pruebas, no hacen más que concluir a este Ministerio que no existió ningún concierto ni complicidad”, resolvió el fiscal Miralles.

En tal sentido, señaló que al delito de Martín lo descubrieron sus compañeros médicos de la Municipalidad de Río Cuarto, quienes dieron aviso a las autoridades de la cartera de salud municipal. Tras ese evento, el secretario de Salud, Marcelo Ferrario, comunicó la novedad al Ministerio de Salud provincial el 21 de diciembre y fue denunciado ante la Justicia. Poco más de un mes después el caso cobró notoriedad pública y el 4 de febrero Ignacio Martín fue detenido en Córdoba Capital.

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Un plan diagramado con anticipación

“No cabe duda al suscripto en lo que respecta al accionar de Martín que no fue por una acción impulsiva y repentina sino más bien resultado de un plan diagramado con tiempo de anticipación. Ello así toda vez que evidenció aptitudes para inducir en error, a través del engaño, en lo que respecta a sus datos personales y profesionales, a las autoridades gubernamentales de distintos niveles”, expresa Miralles en la resolución que publicó La Voz.

En tanto, destacó: “No debe perderse de vista que Ignacio Martín aprovechó un contexto de emergencia sanitaria mundial, declarada por la OMS, para acreditarse como médico e inscribirse tributariamente (en la Afip) para lograr el cobro de sus ‘horas de trabajo’. Pero todas estas acciones las realizó de manera individual, sin que existiera complicidad de ningún tipo de parte de algún dependiente de la administración pública municipal”.

Y prosiguió: “Queda claro que aprovechó un contexto de pandemia, de cambio de presentación de documentación de manera personal a virtual, lo que facilitó su rol de falsificador de los documentos que le eran exigidos para acceder al cobro de sus servicios en las guardias S24 y Edecom”, agregó.

Con estos fundamentos, el fiscal considera que queda “descartada la existencia de un delito perseguible de oficio” y decide que “debe procederse al archivo de las presentes actuaciones”.

Mientras tanto, Ignacio Martín permanece alojado en la cárcel de Río Cuarto y está imputado como presunto autor de “usurpación de título y ejercicio ilegal de la medicina en concurso real; uso de documento privado falso; defraudación calificada y falsedad ideológica y defraudación calificada en grado de tentativa, en concurso real”.