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| sábado, 30 de mayo de 2026
A través del Decreto 253/2026, publicado este viernes 17 de abril en el Boletín Oficial, el Gobierno nacional delegó a provincias la facultad de licitar la reparación y mantenimiento de tramos viales federales. Todo bajo un esquema de concesiones de hasta 30 años.
El Poder Ejecutivo Nacional habilitó a Córdoba y a otras ocho provincias a asumir la gestión de rutas nacionales en sus territorios. Esta normativa permite que la administración local licite de manera directa la reparación, ampliación y conservación de los caminos, utilizando el sistema de obra pública por peaje para su financiamiento.
La medida, que lleva las firmas del presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, surge como respuesta al interés manifestado por diversas jurisdicciones para intervenir en la infraestructura estratégica regional.
El documento oficial aclaró que esta delegación de facultades tiene un carácter "funcional, limitado, temporal y revocable". Esto significa que, aunque Córdoba asuma la gestión operativa, los tramos involucrados seguirán bajo la titularidad exclusiva del Estado nacional.
Para hacer efectiva la medida, la Provincia deberá suscribir convenios específicos con la Dirección Nacional de Vialidad. En estos acuerdos se identificarán los tramos exactos a concesionar y el régimen de supervisión técnica que aplicará la Nación.
Un punto determinante del decreto es el plazo de vigencia: las concesiones de obra pública no podrán exceder los 30 años de duración. Además, la provincia asume la obligación de mantener indemne al Estado nacional ante posibles reclamos judiciales derivados de la gestión.
En materia financiera, el Gobierno impuso restricciones estrictas para garantizar que la inversión se mantenga en las rutas correspondientes. El texto legal establece que el dinero obtenido en las estaciones de cobro debe reinvertirse únicamente en el tramo concesionado.
Al respecto, el decreto detalló: "Los fondos obtenidos por la explotación de los peajes no podrán ser afectados a la construcción o conservación de otros tramos u otras obras”. Asimismo, se prohibió licitar estos tramos de forma conjunta con rutas de otras jurisdicciones en un mismo corredor vial.
Para evitar dilaciones en el proceso de mejora vial, la normativa estableció que Córdoba deberá convocar a licitación dentro del plazo de un año desde la aprobación del convenio. En caso de no cumplirse este término, la delegación de facultades quedará automáticamente sin efecto.
Una vez adjudicada la obra, la jurisdicción provincial tendrá un margen de 90 días hábiles para suscribir el contrato y otorgar la toma de posesión a la empresa ganadora. Las provincias que ya están habilitadas para avanzar con este esquema son Corrientes, Santa Fe, San Luis, Mendoza, Río Negro, Neuquén, San Juan y Santa Cruz
El marco legal se apoya en la Ley 27.742, buscando una mayor descentralización y eficiencia en la gestión de la infraestructura pública.
Redacción Vía Córdoba