El Gobierno de Córdoba deberá pagar 1.000.000 de pesos, más intereses, a un remisero que fue baleado en el año 2008 por un policía con su arma reglamentaria por la espalda cuando se encontraba de franco de servicio.
Así lo determinó la Justicia. El fallo inicialmente ordenaba a pagar 500 mil pesos y ese monto recientemente se duplicó y aumentó al doble en el concepto de indemnización por daño moral.
Los vocales Claudia Zalazar y Joaquín Ferrer, de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de 5° Nominación de la Capital, analizaron primeramente la calidad de miembro de las fuerzas de seguridad provinciales del demandado, y señalaron que esta circunstancia conlleva una “diligencia adicional”, habida cuenta de que pertenece “a una institución que concentra el monopolio de la fuerza legítima del Estado”.
Exceso de fuerza
Los camaristas explicaron que el policía Walter Damián Perfumo se excedió en el uso de la fuerza al causarle un grave daño al remisero Jorge Luis Alfaro, y explicaron que pese a que el policía estaba de “franco” o de “civil”, sí se encontraba sujeto a los mismos deberes que recaen sobre un agente en servicio.
Además, para deliberar el fallo, valoraron la magnitud de las lesiones físicas sufridas por el damnificado.
La sentencia expuso que el daño fue cometido con el arma reglamentaria que le fue asignada para el cumplimiento de su función, lo que implica “mayor reproche”: “Tenía como deber el cuidado de la población consumó un hecho que claramente contravino dicha manda, quedando en evidencia el exceso cometido en su función”.
La situación crítica de la Policía
Asimismo, los camaristas reflexionaron sobre la sucesión de casos acontecidos recientemente en la provincia, de público y notorio conocimiento, en los que “la intervención de los agentes de seguridad deriva en lesiones a la integridad física y la vida de ciudadanos, producto de un uso desmedido de la fuerza en su labor, como los hechos” de la causa.
De este modo, exhortaron al Estado provincial que tome medidas precautorias para “evitar en lo sucesivo conductas reñidas con el ordenamiento normativo, que afecten derechos de jerarquía constitucional y convencional, que perturben la dignidad humana, el derecho a la vida, la integridad y la libertad”.