Roberto Pico
Las provincias de Córdoba, Mendoza, Río Negro y Jujuy fueron las más perjudicadas por las Transferencias de Capital e Inversión Real Directa del Gobierno nacional durante 2022 en un contexto en el que se observó una fuerte discrecionalidad en la asignación de los recursos.
Un estudio de la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP) precisó que estas cuatro provincias recibieron menos dinero el año pasado con relación a 2021 por estos dos conceptos.
Por ambos ítems, el Gobierno nacional envío a las 24 jurisdicciones un total $ 634.277 millones, lo que implica una variación interanual de 36,7% ($ 170.273 millones), contra una inflación que rozó el 95%.
Las transferencias de capital sumaron $ 246.509 millones y se destinaron para realizar inversiones en proyectos de agua potable y alcantarillado ($ 52.735 millones), Transporte ($ 44.382 millones), Vivienda y Urbanismo ($ 35.611 millones, Educación y Cultura ($ 34.611 millones), Relaciones Interiores ($ 22.609 millones y el resto a otras funciones.
Por Inversión Real Directa se derivaron $ 387.768 millones. Estas partidas se dirigen prioritariamente a obra pública.
Las transferencias corrientes (que son partidas para gastos recurrentes) sumaron $ 625.495 millones.
De las cifras que analizó ASAP queda demostrado que una buena parte del ajuste que se ejecutó el año pasado recayó sobre las provincias.
Por Transferencias de Capital e Inversión Real Directa, donde la discrecionalidad juega un papel preponderante, Córdoba recibió $ 28.377 millones, un 3,3% por debajo del año anterior. En tanto, Mendoza obtuvo $ 12.106 millones, con una merma interanual de 0,6%. A su vez, a Río Negro se le giraron $ 9.225 millones, cifra un 9,4% inferior a la de 2021. A Jujuy le llegaron $ 4.142 millones, que representa una disminución de 8,6%.
Para estas cuatro provincias la variación interanual fue negativa.
La jurisdicción más beneficiada por este tipo de acreditaciones fue la Ciudad de Buenos Aires, hacia donde se enviaron $ 121.011 millones, que significa un aumento de 119%, la variación más alta de todo el listado provincial. El monto llama la atención dado que este tipo de partidas se utilizan para obra pública –los subsidios no están incluidos en esta cuenta- y se produjo durante un período en que la Capital Federal fue cuestionada por el gobierno de Alberto Fernández por su “opulencia” y la cantidad de recursos con los que contaba para poder financiar su desarrollo.
La segunda provincia que más recibió fue Santiago del Estero con $ 16.365 millones y un incremento de 113,1%. En tercer lugar, quedó Tucumán con $ 17.361 millones y una mejora interanual de 106%.
En ese caso ambos gobernadores mantienen una estrecha relación con la Casa Rosada y sus economías resultan altamente dependientes de los fondos que pueda enviarles el poder central para mantener sus cuentas o realizar inversiones en infraestructura.
En tanto, para las provincias de Chaco, Salta, Tierra del Fuego,Formosa, Catamarca, Santa Cruz, Buenos Aires, San Luis, La Pampa, Santa Fe y San Juan la Inversión Real Directa y las Trasferencias Capital crecieron menos del valor promedio.
Esta contracción se da en un escenario de ajuste general del gasto público al que el Gobierno nacional tuvo que acceder para cumplir con la pauta de déficit primario de 2,4% del PBI acordada con el FMI.
La tendencia se mantendrá durante 2023 dado que Argentina debe reducir su rojo fiscal a 1,9% sobre el PBI.
Esto supone un mayor grado de contracción económica que se contrapone con los intereses de un año electoral e ingresos disminuidos por la sequía.
Atento a esta situación el ministro de Economía, Sergio Massa, advirtió en varias oportunidades que la intención de la administración central es respetar el acuerdo con el FMI tal como está firmado. Esto supone que no habrá giros o partidas especiales para las provincias, o incluso podrían reducirse aún más, para fortalecer las campañas electorales de cada jurisdicción.
De todas formas, Massa negocia una vía de escape con la misión del organismo multilateral que está revisando las metas al 31 de diciembre de 2022, aunque no hay garantías de que su gestión tenga éxito.
Un reciente estudio de la consultora Analytica mostró que durante la primera semana de febrero las transferencias totales a las provincias disminuyeron 23,4% con relación al mismo período de 2022. En el acumulado desde el inicio del año la disminución es de 59,7%.