Carolina Ramos
Con los incendios ya superados en Córdoba y en plena etapa de reparación de daños, la Cámara de Diputados de la Nación avanzará este martes con un proyecto de ley motorizado por el gobernador Martín Llaryora para aumentar las penas contra quienes cometan este tipo de desastres ambientales, aunque seguirán siendo excarcelables.
La iniciativa, que modifica los artículos 186 y 189 del Código Penal, se tratará desde las 16 en la Comisión de Legislación Penal, que preside la cordobesa Laura Rodríguez Machado, y obtendría dictamen favorable con apoyo de todas las fuerzas políticas, aunque habrá disidencias de dos cordobeses.
El texto original fue presentado por los cordobeses Ignacio García Aresca, alfil de Llaryora, y el democristiano Juan Brügge. Planteaba llevar las penas mínimas de tres a cuatro o hasta cinco años (según el caso), pero finalmente se mantendrán como en la actualidad a pedido de Unión por la Patria.
En la negociación con el oficialismo y Rodríguez Machado, el diputado y exministro de Justicia Martín Soria planteó que el castigo era excesivo y, en busca de sellar los votos del kirchnerismo en el recinto, se decidió retocar el proyecto inicial. Por eso, Brügge firmará el dictamen en disidencia junto a su par de Encuentro Federal Oscar Agost Carreño.
“Entendemos que deben aumentarse los mínimos de las escalas penales previstas en el artículo 186 y llevarlas de tres años de prisión a cuatro”, argumentaron ambos cordobeses. Según Brügge, “es lo que piden los jueces y fiscales” para encarcelar a los responsables.
Cómo sería el cambio de penas
Según el borrador de dictamen, al que accedió este medio, si hay “peligro común para los bienes”, las penas se mantienen como en la actualidad, de tres a diez años; y si se provoca un incendio o destrucción de distintas plantaciones o producciones, la mínima se mantiene en tres años pero la máxima se eleva de los diez actuales a doce.
Paralelamente, se agravan las sanciones para quienes causen incendios u otros estragos por imprudencia, negligencia, impericia o inobservancia. Actualmente van de un mes a un año de cárcel, y con el proyecto ascienden de seis meses a cuatro años.
Si el hecho intencional causa la muerte inmediata de una persona, se impondrá prisión de ocho a veinte años, y si hubo imprudencia, de dos a seis años. Y si pone en peligro la vida de una persona, tendrá de tres a quince años en el primer caso, y de uno a cinco años en el segundo. También se incorporan nuevas penas por lesiones “graves o gravísimas”.
Asimismo, se agregaron penas por daños a “áreas naturales protegidas o con objetivos de conservación, en cualquiera de sus categorías, definidas por las jurisdicciones provinciales, o el Estado Nacional”.
En todos los casos, si participan funcionarios públicos, sufrirán inhabilitación especial por el doble del tiempo de la condena.
El proyecto incorpora agravantes si los incendios se cometen “para obtener ventaja pecuniaria”; “con el concurso de tres o más personas”; “coaccionando a otros para la ejecución material del delito”; “afectando o exponiendo al peligro, de manera grave, a la salud pública”; “alcanzando áreas urbanas o cualquier asentamiento humano”; “en épocas de sequía o inundaciones”; “con la colaboración de un funcionario público en ejercicio de sus funciones”. También cuando “se produzca un daño ambiental irreversible sobre el bosque nativo, las aguas naturales, la erosión del suelo o la modificación del régimen climático”.
La modificación del Código Penal es la segunda reacción del Congreso Nacional ante los incendios en las sierras cordobesas, que ya motivaron la declaración de la emergencia nacional por 180 días. A través de esa ley, sancionada por unanimidad el pasado 2 de octubre, el Gobierno nacional debe enviar partidas extraordinarias a la provincia para atender las consecuencias del fuego.