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| viernes, 31 de julio de 2026
En una jornada marcada por la tensión y el avance de los plazos procesales, el fiscal de instrucción Raúl Garzón citó a todos los representantes legales vinculados a la causa por el femicidio de Agostina Vega. La reunión, de carácter presencial, se llevó a cabo este viernes 31 de julio.
El encuentro fue de naturaleza “meramente informativa”, según confirmaron fuentes cercanas al caso, en diálogo con El Doce. Durante la sesión, el fiscal no comunicó avances sustanciales ni solicitó nuevas pruebas técnicas de forma inmediata, centrándose en el ordenamiento del proceso.
Sin embargo, el punto central de la convocatoria fue el pedido expreso de Garzón hacia los letrados para mantener un estricto hermetismo. El funcionario judicial busca evitar que la filtración de datos sensibles pueda entorpecer las próximas medidas que se planean en la zona cero de barrio Cofico.
La reunión también sirvió para formalizar la incorporación de la abogada Ángela Burgos, quien a partir de ahora asumirá la defensa de Marianela Palmero. Ella es la pareja del principal acusado, Claudio Barrelier, y permanece detenida bajo la imputación de encubrimiento agravado.
Este cambio de representación legal ocurre en un momento crítico, justo después de que se realizara una nueva inspección ocular en la vivienda de calle Juan del Campillo 878. Dicho procedimiento buscó determinar qué escucharon los habitantes de la casa durante las 36 horas que duró el cautiverio de la menor.
Por su parte, la querella representada por Fernanda Alaniz continúa atenta a los resultados de la pericia acústica. Estos informes técnicos serán fundamentales para decidir si se ordenan nuevas detenciones, apuntando específicamente a otros tres habitantes de la vivienda que aún permanecen en libertad.
Mientras la Justicia intenta blindar la información oficial, vecinos del sector reportaron movimientos inusuales en el local conocido como Wachitas Bar. Según los testimonios recolectados por el medio citado, obreros y pintores trabajaron en el interior del inmueble desde el sábado pasado.
Ante la inquietud de la comunidad, la Municipalidad de Córdoba informó que no recibió pedidos de alta sobre la clausura vigente ni otorgó nuevas habilitaciones para el lugar. Los trabajadores presentes en el sitio evitaron brindar declaraciones sobre quién ordenó el reacondicionamiento del local.
A casi dos meses del crimen que conmocionó a la provincia, la causa mantiene a cuatro personas bajo prisión preventiva: Claudio Barrelier, Marianela Palmero, Osvaldo Fassetta y Soledad Andreani. La fiscalía espera consolidar el cuadro probatorio antes de la elevación a juicio.
Redacción Vía Córdoba