En las últimas horas se conoció que el fiscal federal Guillermo Marijuan acreditó la identidad de alrededor de 8.535 trabajadores estatales de 10 provincias que, al mismo tiempo, son beneficiarios del programa Potenciar Trabajo, algo que es incompatible.
El fiscal llegó a esta conclusión luego de cruzar las bases de datos de los empleados públicos con la del padrón del plan social. Hasta el 25 de diciembre, solo 10 distritos respondieron la solitud de las bases, entre ellos la provincia de Córdoba.
EN CÓRDOBA HAY 194 EMPLEADOS PÚBLICOS QUE COBRAN EL PLAN SOCIAL
El pasado 22 de diciembre, el fiscal Marijuan le remitió a su par en Córdoba Maximiliano Hairabedian, una denuncia sobre 194 empleados públicos de la Provincia que vienen cobrando el plan Potenciar Trabajo.
En el caso de Córdoba, la denuncia fue por la “realización de presuntas maniobras ilícitas que podrían encontrar adecuación típica en el delito de defraudación contra la Administración Pública”. En este sentido, Marijuan le pidió a Hairabedian que deslinde responsabilidades de las autoridades nacionales y provinciales que “teniendo a beneficiarios como empleados públicos, debieron advertir tal situación”.
QUÉ DICE EL GOBIERNO DE CÓRDOBA SOBRE ESTOS EMPLEADOS
Por su parte, el gobierno provincial aseguró a La Voz que era imposible saber si existían empleados públicos que cobraban un plan de la Nación. “El Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social (Sintys) está destruido. Esa es la verdad”, afirmaron. “Por eso, es muy difícil saber hoy quiénes son los beneficiarios con el trabajo que vienen llevando a cabo desde hace años”, agregaron.
“No se le puede imputar nada a Córdoba porque las bases de datos del Potenciar Trabajo no se las dan a las provincias. Por eso, no se puede conocer si un empleado público provincial está como beneficiario del programa nacional”, aclararon.
Más allá de la responsabilidad de la Provincia, Marijaun pidió que los beneficiarios dejen de cobrar los planes. Además, se le requirió a Martín Llaryora, “que informe todos los datos que posea relativos a los titulares del plan Potenciar Trabajo que a su vez se desempeñan bajo la órbita de su gobernación, en especial vigencia de la relación laboral, lugar de prestación, antigüedad, modalidad de la contratación laboral”.
Y también, que aporte “el historial de remuneraciones percibidas por cada uno de los beneficiarios observados junto con copias de los recibos de sueldo correspondientes, a fin de verificar si allí figuran consignados montos en concepto del plan”.
CÓMO COMENZÓ LA INVESTIGACIÓN DE LOS EMPLEADOS ESTATALES
Marijuan explicó, en su denuncia, que a partir de otras investigaciones sobre el manejo del plan Potenciar Trabajo, inició actuaciones en cada una de las provincias del país para saber si había empleados públicos que cobraban el programa. Cabe aclarar que uno de los requisitos para cobrar el plan es no trabajar en relación de dependencia.
En Córdoba, la investigación inició el 8 de noviembre con “el objeto de verificar la posible existencia de incompatibilidades relativas” a empleados de la Provincia. Marijuan le requirió al exgobernador Juan Schiaretti que pusiera a disposición de la titular del Sintys “la nómina de empleados en relación de dependencia, temporarios, contratados y/o con cualquier tipo de modalidad de vínculo laboral” para que cruzara esa data con el padrón de beneficiarios del Potenciar Trabajo.
La titular del organismo, Florencia Espinoza, cruzó los datos e informó a la Justicia “las coincidencias identificadas con el empleo provincial”. Tal circunstancia ocasiona un grave perjuicio sobre las arcas del Estado Nacional, explicó el fiscal, que calculó en más de ocho millones de pesos cada cien casos irregulares. Serían unos 15.520.000 pesos en el caso de Córdoba.
