Córdoba es el primer distrito argentino en establecer un protocolo de actuación para garantizar la seguridad de las mujeres que concurren a las cárceles provinciales a visitar a los detenidos por femicidio, las que deberán ser autorizadas por un juez y pasar por un proceso de revisión de un equipo interdisciplinario, medida adoptada después que un interno asesinara a su pareja en el penal de Villa María.
El titular del Ministerio de Derechos Humanos y Justicia de la provincia, Luis Angulo, dijo a Télam que desde el gobierno provincial "pensamos que el Estado no pude estar ausente, tiene que estar presente", para evitar hechos como el que ocurrió en la cárcel de Villa María, donde un condenado por un femicidio mató a su nueva pareja cuando lo fue a visitar.
Sobre este tema "hemos estado trabajando durante todo el mes de enero y personalmente he ido a las cárceles para verificar cómo es el régimen de visitas".
Angulo indicó que "la casuística es complicada y extensa, porque están las allegadas, las convivientes o las madres o una hermanas, y las visitas son sagradas, por eso hay que tratar de hacer una cosa equilibrada para evitar cualquier tipo de situación enojosa que pueda provocar una complicación en el sistema carcelario, que no es un tema menor".
El funcionario precisó que cuando se trata de condenados o investigados por femicidios "el Consejo Criminológico, que interviene antes de la realización de cada visita, es el que establece que obligatoriamente el Consejo Correccional o Interdisciplinario, deben intervenir en estos casos".
El ministro agregó que la nueva norma establece que "cuando el Consejo Criminológico autoriza la visita, necesariamente el juez debe ratificar esa decisión. Va a ser el juez, al que también le hemos pedido ordene una pericia psicológica, el que determine si la visita se hace o no se hace".
"El otro punto -añadió el funcionario-, es que instruí al Servicio Penitenciario y a las dos secretarías que tienen a cargo las cárceles y al área de Violencia, para poner a disposición de los internos con causas por violencia, todos aquellos tratamientos psicológicos y psiquiátricos, por que hay muchos 'enfermos' en este universo que está integrado por imputados y condenados por femicidios".
Angulo consideró que "este protocolo puede ser muy positivo para prevenir" porque "según tratados internacionales no se puede custodiar la visita íntima y la mujer está sola, porque tienen derecho a la privacidad".
Indico que si bien los Consejos, integrados por psicólogos, asistentes sociales y abogados "ya están en el Servicio Penitenciario, lo que nosotros hacemos es decirle que, en estos casos, obligatoriamente deben expedirse primero, antes de cada visita y será el juez el que ratifique o rectifique esta decisión".
Finalmente, dijo que "siempre va a haber un seguimiento de estos casos por parte de estos Consejos, que con el personal especializado van a poder determinar cuál es la evolución en el tratamiento al que deben ser sometidos" los presos.
Además, quienes soliciten una visita íntima con un interno condenado o imputado por femicidio deberán ser informadas sobre los antecedentes del preso "por personal profesional femenino competente y especializado".
También establece que tras ser informadas, las mujeres "deberán suscribir un consentimiento informado que dé cuenta sobre las circunstancias en virtud de las cuales el interno se encuentra privado de su libertad, y le permita tomar conciencia sobre el eventual riesgo que implica la visita, sin perjuicio de las medidas de seguridad de las que va a ser objeto".
El episodio registrado en la cárcel de Villa María ocurrió el último domingo 15 de enero cuando Franco Arsenio Benítez de 35 años, que estaba cumpliendo condena a prisión perpetua por haber asesinado a su esposa y a su hija de tres meses en marzo de 2006, recibió la visita de María Luján Aguilera.
Cuando quedaron solos, él la estrangulada hasta matarla y luego se suicidó.
En la provincia de Córdoba hay 8 establecimientos penitenciarios en los que hay 84 condenados por femicidios y por tentativa de femicidio.
Según una investigación de Télam, publicada el 21 de enero pasado, en los últimos ocho años, siete mujeres fueron asesinadas por sus parejas en un penal. En esa nota, especialistas proponían protocolos de actuación para evitar femicidios, y Córdoba se convierte en pionera en instrumentarlo.