La mitad de los jóvenes detenidos en Córdoba se cayó del sistema educativo. De ellos, el 8% ni siquiera finalizó la primaria y 28% no inició el secundario.
Así lo revelan datos de un estudio realizado en los centros de la Secretaría de Niñez y Adolescencia y Familia (Senaf) al que pudo acceder Día a Día.
La edad promedio de los jóvenes institucionalizados es 16 años, y el 88,6 por ciento de los privados de la libertad son varones.
Esta población está en el foco de la discusión: a contramano de las recomendaciones de Unicef, el Gobierno nacional intenta bajar la edad de inimputabilidad de los menores a 14 años.
Del análisis de los datos citados surge que la pobreza no es el disparador de la delincuencia juvenil: sólo el 17 por ciento de los adolescentes detenidos dijo que su familia tenía problemas económicos severos; mientras que el 50 por ciento respondió que en su casa la situación económica estaba “bastante bien” y un 25 por ciento dijo: “Nos arreglamos, pero llegamos a fin de mes con lo justo”.
Sin embargo, la mayoría de la clientela del sistema penal juvenil proviene de barrios humildes.
Antes de ingresar al Complejo Esperanza o a los otros centros socioeducativos de la Senaf, el 66 por ciento de los chicos estaba trabajando, con una antigüedad (promedio) de siete años, por lo que se infiere que comenzaron a hacerlo desde niños, por lo general en el marco de un emprendimiento familiar, como un quiosco o un puesto de chori, o colaborando en trabajos de albañilería y jardinería, siempre de manera precaria.
En cambio, sí se abre un abismo al analizar el acceso a la educación que tienen esos jóvenes: al momento de ser detenidos, el 47 por ciento no asistía a la escuela. Un 28 por ciento de esos adolescentes había finalizado el nivel primario, pero no continuó el nivel medio; y un 8 por ciento había dejado la escuela entre tercer y quinto grado. El 53 por ciento de los chicos que se cayeron del sistema educativo lo hizo en primer año del secundario.