La Sala A de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba se expedirá el próximo jueves sobre el pedido de "sobreseimiento" del ex presidente Carlos Saúl Menem en el marco de la causa por la explosión de la Fábrica Militar de Río Tercero, en Córdoba, ocurrido en 1995, en la que está imputado por el delito de "instigador de estrago doloso agravado por la muerte de personas".
En agosto de 2013, el juez federal de Río Cuarto, Carlos Arturo Ochoa, había dictado el procesamiento del ex mandatario nacional, y en febrero de 2014 ese procesamiento fue revocado y sobreseído en la causa. Ese fallo fue recurrido en casación por los querellantes y la resolución se conocerá en el mediodía del jueves.
La audiencia apelatoria se realizó el 14 de abril último, en los Tribunales Federales de la ciudad de Córdoba, instancia en que el abogado Omar Daer, defensor de Menem, solicitó el "sobreseimiento por prescripción" del plazo para el juzgamiento del ex mandatario nacional.
El letrado también había expuesto que no está probada la vinculación entre la causa por la venta de armas y las explosiones ocurridas en la fábrica militar cordobesa.
En la misma audiencia el fiscal general, Alberto Lozada, había solicitado que se confirme el procesamiento del actual senador nacional riojano, y en igual sentido se expidieron los abogados querellantes Ricardo Monner Sans, Aukha Barbero y Horacio Gustavo Viqueira.
El tribunal está integrado por los camaristas Eduardo Ávalos, Graciela Montesi e Ignacio María Vélez Funes, y corresponde al expediente "Apelación de Menem, Carlos Saúl y otros s/ incendio y otro estrago con muerte de persona".
Las explosiones ocurrieron el 3 de noviembre de 1995, con el resultado de siete muertos y más de 300 heridos y, de acuerdo a los distintos fallos judiciales, lo sucedido fue una acción "intencional, programada y organizada", con el objeto de "ocultar un faltante de proyectiles, municiones y/o explosivos", como maniobra para encubrir el comercio ilegal de armas a Croacia y Ecuador.
Menem ya tiene una condena de siete años de prisión por el contrabando de armas, aunque esa sentencia se encuentra en instancia decisiva en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.