La Justicia Federal y la provincia de Córdoba firmaron este martes un convenio a través del cual se establecen mecanismos de cooperación para dar mayor eficacia a las acciones ejecutadas en casos de trata de personas y facilitar la investigación.
La ceremonia de firma que se realizó en la Sala de Ministros del Centro Cívico fue encabezada por el gobernador Juan Schiaretti, quien suscribió el acuerdo junto a la presidenta del Tribunal Superior de Justicia Aída Traditti y el titular de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba, Abel Sánchez Torres.
El mandatario provincial sostuvo que el flagelo de la trata de personas requiere, de parte del Estado, “disponer de las herramientas necesarias para dar la respuesta adecuada a las nuevas demandas que plantea la sociedad” y celebró la articulación de voluntades del Poder Ejecutivo, el Poder Judicial de Córdoba y la Justicia Federal, “porque lograremos mucho más trabajando juntos”.
Por el acuerdo, el Poder Ejecutivo provincial se compromete a proporcionar a la Justicia Federal de Córdoba el uso de Cámaras Gesell existentes en los diferentes Ministerios de la Provincia, consideradas esenciales para evitar la revictimización. Asimismo, también se podrá acceder al sistema de videoconferencias instalado en organismos dependientes del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
De igual forma, pondrá a disposición del Poder Judicial y de la Justicia Federal de Córdoba -mediante la Subsecretaría de Asistencia y Trata de Personas- una Guía de Recursos Institucionales para asistencia a víctimas del delito de trata y explotación de personas en la provincia de Córdoba.
El convenio dispone también la colaboración presupuestaria con el Poder Judicial para el fortalecimiento del Servicio de Antropología Forense y del Centro de Genética Forense y permitirá que la Justicia Federal pueda pedir la colaboración de la Provincia para identificar cadáveres y así determinar si corresponden a víctimas de trata.
En lo que respecta a este último punto, no sólo comprenderá a Córdoba sino también a La Rioja, donde la Cámara Federal tiene jurisdicción.