Por Alejo Gómez.
Una insólita situación se vivió este 15 de noviembre durante un juicio en Córdoba, cuando un abogado, inhabilitado por tener una condena, fue descubierto entre los oyentes presuntamente "asesorando" con papelitos a los defensores de dos jóvenes acusados de matar a un hombre durante una "picada" callejera.
El episodio, considerado grave dado que supuestamente proviene de personas que deberían defender y cumplir la ley, fue detectado en pleno proceso por el fiscal Marcelo Hidalgo (foto), quien solicitó al juez que el abogado sea expulsado de la sala, que se secuestren los papeles escritos y que se investigue al letrado, quien estaba inhabilitado para ejercer.
"Fue alarmante. Esto ocurrió en las narices de un Tribunal", dijo Hidalgo a Día a Día. El fiscal confirmó que de inmediato tomó una serie de medidas, y que el juez coincidió en expulsar al abogado de la sala y secuestrar los escritos. Además, se remitieron los antecedentes a un fiscal.
Todo ocurrió durante los alegatos en la Cámara Tercera del Crimen contra Pablo César Castillo y Néstor Oscar Ceballos, acusados de correr una "picada" callejera el 4 de marzo de 2011 en la zona norte de la ciudad de Córdoba que terminó con la muerte de Gustavo Espeche, un hombre de 45 años que casualmente conducía su Daihatsu Aplause por allí.
El siniestro de tránsito tuvo gran repercusión en su momento, en particular porque los testigos aseveraron que se trató de una "picada" y porque entre los heridos hubo un bebé de 10 meses.
Según la acusación, Espeche transitaba por Diagonal Ica cuando al meterse por avenida Juan B. Justo fue embestido por un Peugeot 206 y un Fiat Uno que corrían una "picada". Espeche y otros cinco heridos sufrieron heridas, entre ellos el bebé (fractura de fémur). Ninguno llevaba cinturón de seguridad.
El triple choque fue tan violento que los vehículos se "fueron" contra un semáforo y quedaron a centímetros de una farmacia ubicada en la esquina. Debió intervenir Bomberos porque uno de los vehículos tuvo principio de incendio.
Espeche murió cinco días después en el Hospital de Urgencias.
"Los conductores del Peugeot y del Fiat se conocían, eran amigos. No fue algo del momento", ahondó Hidalgo, quien pidió que Castillo y Ceballos sean sentenciados por "homicidio culposo agravado por la conducción imprudente y antirreglamentaria de un vehículo automotor"; "lesiones leves culposas agravadas"; "lesiones graves culposas agravadas" y "conducción peligrosa de un vehículo automotor en prueba de velocidad sin la debida autorización legal".
Para Castillo pidió cuatro años y cuatro meses de cárcel y 10 años de inhabilitación para conducir (el máximo de la pena). Para Ceballos, cuatro años y dos meses de prisión, y la misma pena de inhabilitación.
La sentencia se conocerá el viernes 24 de este mes.
Infracción. A poco de comenzar su alegato, el fiscal Hidalgo notó algo extraño y se lo hizo saber al presidente del Tribunal: entre el público estaba el abogado Gustavo Montoya, salido hace un tiempo de prisión por la megacausa del Registro de la Propiedad, y alcanzaba papelitos a los abogados Gómez y Fasola (representantes de Castillo y Ceballos).
"Eran escritos vinculados a la defensa penal de los acusados. Y Montoya está inhabilitado para ejercer su profesión", apuntó el fiscal.
En efecto, Gustavo Montoya fue sentenciado en octubre de 2014 a tres años de prisión efectiva por "partícipe necesario de falsificación de documento público y tentativa de estafa procesal en concurso real". Se le achaca ser parte de un grupo que intentó apropiarse del predio de la ex villa de emergencia Richardson, en el límite ente Güemes y Nueva Córdoba, y a metros de la Ciudad Universitaria.
En aquella oportunidad fue inhabilitado para ejercer su profesión durante cuatro años.
Al tiempo salió de prisión, pero la prohibición de ejercer sigue en pie.
Pese a ello, fue descubierto "in fraganti" cuando al parecer asesoraba "por lo bajo" a los dos defensores de Castillo y Ceballos. Ante eso, el fiscal Hidalgo interrumpió su alegato y le dijo al juez que se llevaba a cabo "un delito en plena audiencia".
El Tribunal coincidió con Hidalgo: expulsó a Montoya, secuestró los escritos y remitió los antecedentes para que un fiscal lo investigue por presunta infracción al artículo 281 bis del Código Penal, que prevé penas de entre dos meses y dos años a quien quebranta una inhabilitación judicialmente impuesta.