Por Laura Giubergia.
No todos los tiempos son iguales. Hay tiempos lentos, tiempos acelerados, tiempos detenidos y tiempos que hacen perder la noción. Tiempos eternos.
1.196 días pasaron desde que la deflagración en el depósito de la Química Raponi SRL hiciera estallar paredes, techos y vidrios en el corazón de barrio Alta Córdoba,en la ciudad Capital.
1.196 días sin respuestas definitivas en reparaciones y en la Justicia para muchos de los afectados por el acopio irresponsable de sustancias combustibles en la Química.
En abril de 2016 la fiscal Eve Flores consideró acabada la investigación por la explosión del 6 de noviembre de 2014, y solicitó la elevación a juicio de la causa con Sergio Raponi como único imputado por el delito de estrago doloso doblemente agravado por peligro de muerte de una persona (Pablo Amaya) y por el resultado mortal (Angélica Cueto) en concurso real.
El ingeniero Javier Lagares, quien también había sido señalado, fue sobreseído.
El acusado –que estuvo dos meses preso y recuperó la libertad bajo fianza- apeló esa decisión, y en agosto de este año, la Cámara de Acusación confirmó la elevación a juicio.
Con un recurso de casación, la defensa de Raponi volvió a cuestionar que la investigación llegue a juicio. "Presentamos un recurso de casación por el que ahora deberá resolver el Tribunal Superior de Justicia. Consideramos que Raponi no es responsable, que no tuvo nada que ver", dijo a Día a Día Manuel Calderón, su abogado.
Y aclaró que, en caso de corresponderle algún tipo de responsabilidad, entiende que no es por estrago doloso sino culposo. "Nuestro planteo fue por dos vías, por un lado la falta de responsabilidad de mi defendido, y por otro, lo que consideramos una calificación legal equivocada", aclaró escuetamente el letrado.
Según la investigación, Raponi deberá responder por haber almacenado sustancias peligrosas sin las debidas precauciones, ignorando el riesgo, y por haber utilizado para ese fin una parcela no declarada y que, por tanto, no contaba con habilitación municipal como sí el resto de la química. La fiscal Flores desestimó, en cambio, que hubiera habido responsabilidad de funcionarios e inspectores de la Municipalidad de Córdoba y de Bomberos, porque las sustancias que explotaron estaban en una parcela que se había mantenido oculta.
Querellantes. Por la explosión murió Angélica Cueto, y resultó gravemente herido Pablo Amaya, un adolescente que sufrió fractura de cráneo y que gracias a múltiples operaciones, sobrevivió. Ambos, junto a otras cinco familias, son representados por el abogado Carlos Nayi en su carácter de querellantes particulares.
“Estas familias ven con malos ojos el paso lento y parsimonioso de la justicia, y consideran que esperar tanto para una respuesta judicial, aunque sea favorable, no es justicia”, apuntó el abogado. Y destacó que ni siquiera una condena “va a reparar la angustia y las secuelas morales y físicas de las víctimas”.
Frenadas. Cuando se dispusieron las demoliciones en las viviendas más afectadas, un recurso judicial impidió que eso suceda en cuatro casas que, aún hoy, continúan tal como quedaron el día del estallido.
"Se tomó una medida de no innovar, hasta tanto se hiciera una pericia multidisciplinaria para restituir el estado de las casas tal cual como estaban antes del daño, con la misma calidad y los mismos materiales", explicó el abogado que patrocina a cuatro familias, Mauro Ompré. Y dijo que, de haberse concretado la demolición, esas pruebas se hubieran perdido.
"En estos momentos la causa por daños y perjuicios (en el Fuero Civil) está en la etapa de prueba, y los peritos han establecido que no es necesario demoler todo sino que se puede reconstruir desde lo que quedó", precisó Ompré.
Consultado sobre uno de sus clientes, cuya casa está emplazada sobre terrenos del ferrocarril, aseguró que los mismos fueron legítimamente adquiridos. “Mis clientes tienen los boletos de esos terrenos, que les fueron vendidos por parte de la Nación dado que las vías estaban inutilizadas”, indicó.