Una medida cautelar de la Justicia pone el freno al recorte de haberes a jubilados municipales, en un revés para el ajuste impulsado por el intendente de Córdoba Martín Llaryora y que sólo apoyaron sus concejales, en una polémica sesión en plena cuarentena, en mayo.
La medida también ordena que se le reintegre el dinero que no fue liquidado en los últimos meses, por este recorte que ya ha recibido otros traspiés en la Justicia.
En tal sentido, la Cámara Contencioso Administrativa de segunda nominación admitió la acción de amparo colectivo interpuesta por el gremio Suoem y siete jubilados en contra de la llamada "movilidad descendente" que les implicó recortes de hasta un 20 por ciento a los jubilados, tomando como base la reducción horaria que afecta a los trabajadoresa activos.
Por esta acción se han protegido los derechos de cerca de 6.000 jubilados que se vieron afectados con la merma de sus ingresos desde que se aprobó el recorte en mayo.
Ahora "deberán hacerse efectivos con retroactividad a julio 2020, con la liquidación del haber inmediato posterior al del dictado de la resolución", ordenó la Cámara.