El padre de Solange Musse, con el dolor de no haber podido despedirse de su hija, quien hace días y a sus 35 años murió por un cáncer en Alta Gracia, decidió elevar su reclamo público al siguiente nivel: presentará una denuncia penal en la Justicia federal para que investigue el rol de las autoridades del Gobierno de Córdoba.
La denuncia será ingresada este jueves por la tarde en la Justicia federal de Córdoba, fuero en el que hace unos días el juez N°1, Ricardo Bustos Fierro, había autorizado a Pablo Gustavo Musse (58) a viajar desde Neuquén, donde reside, hasta Alta Gracia para asistir al velatorio.
"Se procederá a formular denuncia penal por la probable comisión de los delitos de abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público, privación ilegal de la libertad calificada etcétera", detalló a La Voz Carlos Nayi, nuevo abogado del padre.
Asimismo, se pedirá la intervención de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
“La actividad arbitraria que representa una clara omisión antijurídica amerita dar paso a una investigación penal. En materia de prevención sanitaria se ha dictado normativa que ha lesionado a partir de una incorrecta interpretación entre otros derechos el de la libertad ambulatoria y el derecho al último adiós”, señaló el abogado.
A su vez, manifestó que “se ha desconocido el precepto contenido en el protocolo 48 elaborado por el Comité de Bioética que, tiene vigencia operativa a partir del 15 de julio del año en curso, y que claramente sugiere tres alternativas a seguir en casos de excepción como el que se trata”.
“En primer lugar pautas de flexibilización que habilita el derecho a que cada paciente deba ser visto como una persona, respetando el criterio de temporalidad, permitiendo la interacción entre el enfermo y su entorno íntimo a fin de evitar que la tragedia de la muerte próxima la enfrente a la crueldad de no regalarle el último abrazo a sus padres y decirles ‘¡los quiero, hasta siempre!’”, añadió el letrado.
En la denuncia se solicitará "analizar una cadena de responsabilidades, partiendo de la primera y es que se le pide a la Justicia indagar si el COE violó, como creemos, el protocolo", explicó Nayi. Y señaló que se busca determinar si hubo responsabilidad de las autoridades del COE, el Ministerio de Salud provincial y de "la Policía de cada provincia al escoltarlos irracional y desproporcionadamente".