Los intendentes de Mendiolaza y Saldán, que estaban en la mira de la Justicia Federal y de la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip), por una investigación que derivó en numerosos allanamientos por facturas electrónicas truchas, finalmente fueron imputados.
Los fiscales federales de Córdoba Enrique Senestrari y Maximiliano Hairabedian promovieron dicha acción penal contra Néstor Daniel Salibi, mandatario de Mendiolaza y su par de Saldán, Cayetano del Valle Canto, como coautores del delito de "defraudación por administración fraudulenta agravada por ser cometida en perjuicio de una administración pública".
Este martes se había informado que al menos 20 personas terminaron detenidas luego de 17 allanamientos que se realizaron en las localidades de Jesús María, Saldán, Malvinas Argentinas, Mendiolaza, Devoto, Arias, San Francisco, Villa María, Villa Nueva, General Cabrera, Panaholma, Hernando, Malagueño, entre otras localidades incluida la capital cordobesa.
Además, se llevaron a cabo otros operativos en localidades de Buenos Aires, Santa Fe, Formosa, Chaco y San Juan, entre otros puntos del país.
Según informó La Voz, el lunes pasado allanaron oficinas de la Municipalidad de Jesús María donde buscaban datos, pruebas e información sobre el organismo "Comunidad Regional Colón", un ente intercomunal que coordinaba iniciativas y fondos de municipios de ese departamento del norte provincial.
Al parecer de aquí se desprende que Saldán y Mendiolaza quedaron en el ojo de la tormenta por facturas truchas que muestran una gran cantidad de dinero que no sería fácil de justificar de manera genuina.
Finalmente, la justicia encontró culpables a ambos mandatarios por defraudación por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública.