El senador cordobés Ernesto Martínez presentó un proyecto de ley para modificar la ley de Expropiaciones, 21.499, sancionada en 1977 por la última dictadura militar.
El legislador nacional del Frente Cívico propone que la expresión "bien común, sea este de naturaleza material o espiritual", que figura en la ley, vigente desde hace 43 años, se sustituya por "un interés general objetivo y riguroso".
En efecto, la ley 21.499, que estuvo en boca de la dirigencia política debido al anuncio del presidente Alberto Fernández de que enviaría un proyecto de ley para expropiar el Grupo Vicentin, dice en su artículo 1º: "La utilidad pública que debe servir de fundamento legal a la expropiación comprende todos los casos en que se procure la satisfacción del bien común, sea éste de naturaleza material o espiritual".
Martínez propone la siguiente redacción: "La utilidad pública que debe servir de fundamento legal a la expropiación comprende todos los casos en que se procure la satisfacción de un interés general objetivo y riguroso".
"Sustento metafísico"
Para el senador Martínez, "los conceptos deletéreos e inasibles como 'bien común', 'ser nacional', 'tradiciones puras de nuestra nacionalidad', 'sentir argentino' o similares fundaron, pese a su notoria orfandad intelectual, vilezas normativas y conductas indignantes".
"Hacerse de paquetes accionarios privados, intervenir entidades bancarias, apoderarse de empresas, bajo coacción a sus dueños y posterior indemnización irrisoria o aún sin resarcimiento, todo fue realizado bajo el designio del 'bien común'", planteó.
En los fundamentos de su proyecto, el senador de Juntos por el Cambio sostuvo que "con ese sustento metafísico, se edificó el reinado de la crueldad en todos los órdenes, incluyendo el económico" y que "un gobierno democrático no debe desarrollarse prevaliéndose de pseudoideas, atinentes al relato de una tiranía, que redactaba su normativa, previa intervención de una Comisión de Asesoramiento Legislativo (CAL), integrada por militares, que ocuparon el Congreso de la Nación".
Qué dijo Cafiero
Martínez recordó que en la sesión informativa del 18 de junio de 2020, ante el Senado, el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, fue consultado acerca de la aplicación de esta ley de Expropiaciones en la actualidad y que el funcionario argumentó que dicha norma era parte de la legislación positiva argentina, en virtud del reconocimiento efectuado por la ley 26.939, conocida como Digesto Jurídico Argentino.
El cordobés, sin embargo, señaló que esa ley "llega al extremo de asociar el 'bien común' con su 'naturaleza material o espiritual'" y por eso propone en su proyecto que "el 'bien común', que tiene un sentido cuasi religioso y un alcance ilimitado" en la norma en vigencia, sea "cambiado por el 'interés general tangible'".
"Si el dictador militar avasallaba la dignidad humana, amparado en una supuesta ley natural, que le dispensaba la propia valoración del 'bien común', el gobernante democrático tiene que reglar el interés general, con la ley positiva, para desligarse de giros no verificables y, desde luego, irrazonables", planteó.
Martínez alertó que el "'bien común', por su contenido difuso, pone en riesgo de judicialización a las decisiones legislativas" y que, por el contrario, "el interés general objetivo y riguroso" obliga al legislador a extremar los recaudos para que las declaraciones de utilidad pública reposen sobre parámetros certeros".
"La medida de la utilidad pública es lo que el concreto interés general aconseja y jamás, lo que una invocación al "bien común" habilita, casi como un acto de fe, reservado a los gobiernos totalitarios", concluyó.