Los límites de los alcances de la cuarentena obligatoria sobre las libertades y las garantías constitucionales están cada vez más difusos en Córdoba y nuevamente se usa a fuerza pública para prohibir una protesta social.
Por instrucción del fiscal Carlos Cornejo, la Policía impidió la realización de la olla popular que planeaban los choferes de los interurbanos, en la Terminal de Ómnibus.
Además, la Policía montó un fuerte operativo con 200 uniformados que vallaron el acceso a la estación y comunicaron que tenían la orden de detener a cualquiera que se acercara al lugar, según contaron voceros de la protesta que ya lleva 28 días consecutivos.
Ante estas amenazas, Claudio Luna, secretario gremial de Aoita, relató: "estaban destinados 200 oficiales de la fuerza y luego llegó el fiscal para notificarnos que no podíamos realizar la olla popular aduciendo el aislamiento obligatorio. Nos dijeron que la instrucción es detener a toda persona que ande deambulando por la Terminal y la sede del sindicato", dijo a La Nueva Mañana.
Dada esta situación, el gremio decidió suspender la comida y publicó un comunicado en las redes sociales de Internet.
