El secretario de Interior de la Unión Tranviaria Automotor (UTA), Jorge Kiener, llegará esta semana a Córdoba para avanzar en el proceso de normalización del gremio, luego de que un grupo de delegados pidiera la remoción del interventor Luis Arcando y protagonizara una huelga de diez días en junio.
Si bien los choferes que habían sido despedidos antes del paro no fueron reincorporados y el porcentaje que reclamaban los huelguistas tampoco les fue otorgado, la dirigencia sindical esperaba en Córdoba el arribo de Kiener para evitar nuevos desbordes de los delegados que piden elecciones en el sindicato.
En ese marco, Kiener adelantó que "será una normalización sin apuro y progresiva". "No podemos poner mañana cinco o seis dirigentes cordobeses que se hagan cargo con 183 despidos. Es una mochila como el Titanic en el lomo", dijo en una entrevista con el diario La Voz.
El sindicalista de la UTA nacional ratificó además que "Arcando va a seguir el tiempo que sea necesario porque no hay ningún motivo para desplazarlo". Y, acotó: "No es responsabilidad suya todo lo que pasó".
La continuidad de Arcando al frente de la UTA cordobesa había cesado desde que un congreso nacional extraordinario del gremio decidió el fin de la intervención pero al parecer la dirigencia prefirió apostar a la prudencia para retomar el control del gremio, de acuerdo a fuentes sindicales.
En ese marco, recordaron que las elecciones para renovar autoridades estaban previstas para noviembre de 2018 y eso no sería modificado ahora.
A casi un mes del inicio de la extensa huelga de los colectiveros de la ciudad de Córdoba, el Ministro de Trabajo de la provincia mantendrá el martes una nueva audiencia con las empresas, varias de las cuales se resisten a reincorporar a los choferes que habían sido despedidos, y Arcando.
Las empresas prestatarias del transporte urbano despidieron a 158 choferes por haberse adherido a la huelga y dispusieron un descuento por presentismo que promediaba los 14 mil pesos para trabajadores con 14 años de antigüedad.
En medio de la huelga, definida por delegados de base, el grueso de los choferes había avalado la propuesta de desoír la conciliación obligatoria y siguieron de paro desafiando la legislación vigente. Al término de la conflictiva semana de paros, la Legislatura de Córdoba aprobó una ley del gobernador Juan Schiaretti que declara al transporte urbano de pasajeros como servicio esencial.