Un informe del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba (TSJ) revela que, en 2016, 1.132 menores fueron detenidos por infringir la ley penal en la ciudad de Córdoba.
De todas maneras, el número global de menores detenidos, que comprende el período entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2016, no es lo más llamativo de estas estadísticas.
Lo doloroso de estas cifras es que, en palabras del juez de Menores José González del Solar, “arriba del 90 por ciento pertenece a hogares de extrema pobreza”.
"Insisto: no hablo de hogares por debajo de la línea de la pobreza, sino de hogares de extrema pobreza", explicó al ser consultado por Día a Día por el informe.
“En la última semana he atendido casos estremecedores. No sólo en cuanto a la indigencia, sino en cuanto a situaciones dolorosas y de mucha gravedad que explican de algún modo que el adolescente esté en la calle, donde corre riesgo de ser víctima o victimario”, apuntó.
El magistrado, un reconocido especialista en minoridad, tiene en claro que el vecino promedio exige únicamente ley penal y cárcel, “pero hay otros factores que atraviesan las estadísticas, como la extrema pobreza”, y por eso mismo “la seguridad de un país no puede limitarse únicamente a la Policía, los tribunales y las cárceles”.
“Si se apuesta sólo a eso, la población carcelaria irá en aumento. Ya no hablamos sólo de adolescentes, sino de niños que nacen en villas y barrios marginales y no tienen acceso a lo mínimo para una vida digna”, explicó.
“Debemos revisar las bases mismas de una sociedad, buscar justicia desde la igualdad de oportunidades y la redistribución de la riqueza, entre otras medidas de gobierno. Se trata de que cada ser humano reciba lo que le corresponde, lo básico para una vida igualitaria”, resaltó.
Y finalizó: “Para ello es clave la defensa común del ciudadano”.
Marginalidad. El informe, elaborado en base a datos de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf) y del Ministerio de Justicia de la Provincia, evidencia un trasfondo social donde la pobreza y la ausencia estatal son el caldo de cultivo de la delincuencia.
No es casual que prácticamente todos los barrios donde residían los menores (22 barrios mencionados en el informe) pertenezcan a sectores marginados. Por mencionar los seis primeros, 46 menores detenidos vivían en Villa El Libertador; 31 en Bella Vista; 25 en Residencial San Roque; 18 en Boedo; 18 en Marqués Anexo; y 18 en Yapeyú.
En la lista se nombra a otros barrios carecientes como General Savio, Maldonado, Ampliación Cabildo, José Ignacio Díaz, Sol Naciente, Campo de la Ribera, Villa Martínez, Ciudad Evita y Juan Pablo II.
Datos sociales. Los varones "arrasan": de los 1.132 menores, 93% son hombres, la enorme mayoría de entre 16 y 17 años (un 69%).
Las mujeres representan un 7% (casi 80 mujeres menores detenidas), y de ese total la mayoría tiene entre 15 y 17 años (un 89%).
El robo es el delito más frecuente: un 64,7% de los menores cayó por esa figura (968 robos en total), en tanto que 1,6% cayó por homicidios (24). La cifra se completa con encubrimiento (9,1%), hurto (5,6%) y amenazas, lesiones y tenencia de armas (19%).
Entre la variedad de delitos que contempla el informe (daños, abusos sexuales, resistencia a la autoridad, lesiones) hay que remarcar uno que es considerado por los especialistas como un flagelo en aumento: las drogas. Así, en 2016 fueron sometidos a proceso 15 menores por tenencia y comercialización de estupefacientes.
Un dato llamativo es que el 21% de los menores fue detenido más de una vez en el mismo año, lo que evidencia que un porcentaje reincide en el delito.
Otro dato es que el 43% de los jóvenes detenidos residía en la zona sur de la Capital.
Un 71% de la cifra global tiene más de 16 años y, como tal, fue sometido a proceso penal. En tanto que el 29% restante es inimputable por tener hasta 15 años.
Las medidas. El estudio resalta también las medidas judiciales dispuestas con varones detenidos: un 37% recuperó la libertad (a manos de familiares o tutores), en tanto que el 61% fue alojado en módulos (como el Complejo Esperanza). Apenas un 1% (9 varones) fue trasladado a institutos de salud mental y tratamiento de adicciones.
La situación cambia con las mujeres: un 67% recuperó la libertad, un 28% permaneció alojada en módulos y un 5% (4 mujeres) fue llevada a institutos y tratamiento de adicciones.
Mirá en
el estudio completo de la Justicia.