La Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba ordenó al Gobierno nacional que reglamente la ley que aprobó el pago de indemnizaciones a los damnificados por las explosiones en la Fábrica Militar de Río Tercero ocurridas el 3 de noviembre de 1995.
La resolución, firmada por los jueces Abel Sánchez Torres, Luis Rueda y Liliana Navarro ordena a la Nación que reglamente en no más de 60 días y atienda el pago a unos 10.000 vecinos de Río Tercero que demandaron al Estado nacional por los daños producido por el estallido.
La Cámara respalda de esta manera el dictamen del juez Federal de Río Cuarto, Carlos Ochoa, quien había instruido lo mismo el 2 de diciembre pasado y el Estado apeló, llevando el tema a la instancia superior.
La medida surge a partir del amparo presentado por el abogado Mario Ponce, quien representa a las 10.000 personas que iniciaron demandas.
El magistrado reclamó a la Nación que haga aplicable la ley, ya que no se puede avanzar por falta de una reglamentación que establezca la forma de pago.
El hecho ocurrió el 3 de noviembre de 1995 en la Fábrica de Armamentos Militares, cuando se produjo un incendio en un tambor de trotyl que se propagó a otros tambores.
El caso, fue considerado por la Justicia como un atentado que provocó la muerte de 7 personas y más de 300 heridos.
Por las explosiones, además, decenas de casas quedaron en ruinas y otras cientos fueron seriamente dañadas.
Este desastre ocurrido en Río Tercero, se vinculó con el escándalo por la venta de armas a Ecuador y Croacia durante la presidencia de Carlos Menem.
Casi 11 mil de las 50 mil personas que habitaban en Río Tercero iniciaron demandas contra el Estado por las explosiones.
En los últimos años cientos de riotercerenses que realizaron juicios al Estado por daños materiales o físicos han cobrado los resarcimientos fijados por sentencias judiciales, mientras otros tantos esperan, además de esta megacausa que representa Ponce Entre 1996 y 1999 el Estado nacional abonó resarcimientos por daños, por vía administrativa.
Pero hubo vecinos que, disconformes con los pagos, o por haber haber cobrado, iniciaron otras demandas.