El proyecto fue presentado por tres legisladores, uno de la La Libertad Avanza y dos de Juntos por Entre Ríos. El autor es Carlos Damasco. (Fe y Libertad) y figuran como coautores Julia Calleros (Fe y Libertad), Liliana Salinas (Partido Conservador Popular), Jorge Maier (Juntos por Entre Ríos) y Mauro Godein (Juntos por Entre Ríos).
Entre los fundamentos se aclara que se quiere “regular el acceso a la atención sanitaria en el sistema de salud pública provincial a los extranjeros” y que se garantizará tal servicio a quienes tengan la residencia permanente en el país.
Los extranjeros que pertenezcan a las categorías de “residentes transitorios”, “residentes temporales” y “residentes precarios” podrán acceder al sistema de salud, pero con ciertas limitaciones.
La iniciativa aclara que no se le negará ni restringirá a ninguna persona extranjera la atención sanitaria “en casos de urgencia o emergencia, por enfermedad de aparición súbita o accidente”, pero aclara que “el Estado Provincial arbitrará con posterioridad los medios necesarios para percibir los gastos ocasionados”.
También la iniciativa indica que se fijarán aranceles de cada una de las prestaciones. En los fundamentos del proyecto se expresa que en un escenario de crisis económica creciente “resulta necesario adoptar medidas para racionalizar de manera eficiente los recursos con los que el Gobierno provincial cuenta”.
“La gestión de la escasez es una de las tareas tradicionales de la Administración Pública, que se enfrenta a la necesidad de adjudicar recursos escasos en los ámbitos materiales más diversos, siendo uno de los más importantes el sistema de salud. El problema se da cuando se acrecienta exponencialmente esa escasez y esto pone en serio peligro la prestación de servicios esenciales”, indican los autores de la iniciativa.
También argumentan que “urge brindar una solución normativa razonable y acorde a las premisas constitucionales y normativas aplicables en la materia para proteger la sustentabilidad y funcionamiento adecuado del sistema de salud pública frente a la problemática diaria que vive la provincia de Entre Ríos en sus centros asistenciales públicos, más aún en los ubicados en las ciudades fronterizas como Gualeguaychú, Colón y Concordia”.
“Las medidas adoptadas responden a la imperiosa necesidad de brindar una solución frente a la crisis económica que impacta directamente sobre la normal prestación del servicio de salud pública, previendo una modalidad que garantice el financiamiento del sistema público de salud para que pueda ser prestado a todas las personas que lo requieran”, indican sobre la iniciativa.
