Romina Grassi
La denuncia recae sobre el Jefe Policial de la Departamental Uruguay, Martin Gaillard; su esposa y Jefa de Toxicología, Mayda Pérez; y el subjefe de Toxicología Albano Sánchez. La acusación es por el presunto armado de una causa para perjudicar a tres colegas, contra quienes habrían adulterado pruebas a fin de involucrarlos en una investigación sobre tráfico y venta de estupefacientes.
Los altos funcionarios nombrados, estuvieron a cargo de la causa por comercialización de sustancias ilícitas contra un conocido comerciante de Concepción del Uruguay, legajo 2917/20, caratulada Giarrizo Nicolás y Otros s/infracción ley 23737, en trámite ante el Juzgado de Primera Instancia de Concepción del Uruguay a cargo del Juez Pablo Seró.
José Luis Larrosa, denunciante y familiar directo de uno de los policías detenidos, considera que los tres integrantes de la cúpula mayor de la jefatura habrían actuado con “negligencia, impericia, imprudencia y malicia”, para resguardar a Giarrizzo y afectar a otros miembros de la policía entrerriana que están detenidos desde hace 8 meses en Gualeguaychú.
Los abogados de los policías presos lograron acceder a las llamadas originales que aportó la empresa telefónica por donde se cursaron las conversaciones intervenidas. Allí se da cuenta de que los policías a cargo de la investigación por comercio de estupefacientes adulteraron las escuchas telefónicas que la Justicia les asignó, modificando el contenido en su transcripción y ofreciendo al Juez Federal, Dr. Pablo Seró, una presentación diferente a la real.
La manipulación sobre las escuchas ya habría sido advertida por miembros de la Prefectura Naval Argentina que realizaban en paralelo la investigación y habían informado que los funcionarios policiales que resultaron falsamente acusados no tenían vinculación alguna con la comercialización de estupefacientes ni su facilitación.
Se presume que son centenares de llamadas que durante dos años (tiempo de investigación) fueron retiradas bajo intenciones dudosas del circuito jurídico.
De las escuchas originales se desprende, según la denuncia presentada por Larrosa, otro hecho más grave: Los investigadores Gaillard, Pérez y Sánchez mantenían un vínculo personal muy estrecho y público con el principal involucrado en la causa, que incluía prestación de favores, préstamo de objetos y empleo a familiares.
Nicolás Giarrizzo, conocido comerciante de Concepción del Uruguay, y denunciado en la causa por tráfico de estupefacientes, mantenía estrechas relaciones con altas esferas policiales y políticas, asegura Larrosa. El involucrado supo tener varios comercios tanto en Concepción del Uruguay como en la ciudad de Concordia.
Dichos negocios eran administrados por Omar Pérez, un comisario mayor retirado y padre de la Jefe de Toxicología, Mayda Pérez, una de las denunciadas por Larrosa. La estrecha relación y confianza se habría extendido al entorno familiar de Pérez.
LA CAUSA
En octubre de 2022 se realizaron procedimientos en Concepción del Uruguay de manera conjunta entre la Prefectura Naval y la Policía de Entre Ríos, que llevaron a la detención de más de una docena de personas, entre hombres y mujeres, sospechados de formar parte de una banda narco. 12 días después de las detenciones, el Juez Federal finalmente decidió imputar a las personas detenidas.
La investigación de esta causa dió inicio el 23 de octubre de 2020, ocasión en la cual un pescador alertó sobre una embarcación en el kilómetro 182 del río Uruguay, la cual estaba atracada sobre la costa de la isla Cambacua. Los prefectos se arrimaron a ese sitio y observaron mochilas cubiertas con una lona azul, sin lograr aprehender a persona alguna, pero luego se estableció quién habría sido el encargado de adquirir la embarcación “La Yapa” y considerándose que este habría sido él o uno de los autores del hecho.
La larga investigación llevó a detectar paulatinamente quienes estarían involucrados, desde la cabeza de la banda hasta los vendedores, incluyendo funcionarios policiales que son señalados como que fueron los encargados de facilitar los movimientos, vigilar y asesorar.
La banda, según consta en el expediente, estaría liderada por Hugo Nicolás Giarrizo, que fue procesado por considerar –prima facie y por semiplena prueba- que sus conductas encuadran en el delito de organizador de un conjunto de personas destinada a la comercialización de estupefacientes, en orden al cual deberá responder en calidad de autor.
Por otra parte, el juez decretó el procesamiento de Federico Giarrizzo, Juan Manuel Malatesta, Alicia Adriana Quintero, María Rosa De Los Milagros Díaz, Ana Cavallari, Mirta Valenzuela y Javier Hernán Caparros, por considerar –prima facie y por semiplena prueba- que sus conductas encuadran en el delito de comercialización de estupefacientes agravado por la intervención organizada de tres más personas en calidad de miembros y/o intervinientes.
Además decretó el procesamiento de Luís Mariano Larrosa, Alcides Jesús Arce y Claudio Fabián González Luna, por considerar –prima facie y por semiplena prueba- que sus conductas encuadran en los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, omisión de perseguir delitos que por sus funciones les correspondían y comercialización de estupefacientes agravado por la intervención organizada de tres o más personas en calidad de partícipes necesarios.
Respecto a Juan Domingo Pizzatti, que fue identificado como quien intentara llevar la droga al Uruguay ese 23 de octubre del 2020, consideró –prima facie y por semiplena prueba- que sus conductas encuadran en el delito de tentativa de contrabando de estupefacientes en calidad de autor.