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| viernes, 29 de mayo de 2026
La Justicia federal resolvió elevar a juicio a un grupo de socios y allegados al exsenador entrerriano Edgardo Kueider en una causa que investiga presuntas maniobras de lavado de activos, falsificación de documentos y adulteración de balances.
La medida fue dispuesta por la jueza Sandra Arroyo Salgado, quien decidió avanzar parcialmente con la investigación. En esta instancia, seis personas serán juzgadas, junto a varias sociedades comerciales que habrían sido utilizadas para encubrir el origen ilícito de fondos.
Entre los principales imputados se encuentran Daniel González, conocido como “Gonzalito” o “Pajarito”, y su primo Javier Rubel, quienes habrían actuado como socios y presuntos testaferros de Kueider. Ambos integraban la firma Betail SA, señalada por la Justicia como una empresa “fachada” utilizada para justificar movimientos económicos.
Según la investigación, a través de esta estructura se habrían realizado operaciones como la compra de departamentos en un edificio de alta gama en Paraná y la adquisición de vehículos, mediante mecanismos como préstamos simulados y balances adulterados.
También fue imputado el contador José Carlos Noguera, cuyo estudio habría funcionado como núcleo de las maniobras, desde donde se generaba documentación falsa o adulterada. En la causa también aparecen vinculadas su esposa, Gabriela Patricia Saint Pierre, y la empleada Débora Ferreyra.
A su vez, la abogada Adriana Crucitta, pareja de González, fue señalada por su participación en una de las sociedades investigadas.
El expediente también involucra a varias firmas, entre ellas Lectus SA, Felsir Biotecnológica SRL, Vijusa, Industrial Argentina SA, Nopor Service SA y Vía SNP Logística, que habrían tenido distintos roles en el circuito financiero investigado.
Se trata de un aspecto relevante del caso, ya que la responsabilidad penal de personas jurídicas en delitos de lavado de activos es una figura relativamente reciente en el país.
El exsenador no será parte de este juicio en esta etapa. Actualmente se encuentra en Paraguay bajo arresto domiciliario junto a Iara Guinsel, en el marco de una causa por tentativa de contrabando, luego de haber sido detenidos con una importante suma de dinero sin declarar.
Una vez resuelta su situación judicial en ese país, podría avanzar un proceso de extradición hacia la Argentina.
Además, existe un conflicto de competencia entre juzgados federales que aún debe resolver la Corte Suprema de Justicia, lo que también incide en el avance de la causa principal.
En su resolución, la jueza Arroyo Salgado remarcó la gravedad institucional de los hechos investigados, al tratarse de maniobras que involucran a un exsenador nacional y que podrían estar vinculadas a hechos de corrupción.
En ese sentido, el fiscal de la causa sostuvo que existen indicios de que los fondos investigados podrían tener origen en pagos indebidos relacionados con contratos de seguridad privada, en una operatoria que habría involucrado a la empresa Securitas y a la firma estatal entrerriana Enersa.
El caso, ahora en etapa de juicio, se perfila como uno de los procesos judiciales más relevantes vinculados a corrupción y lavado de activos en la provincia.
Según la investigación, a través de esta estructura se habrían realizado operaciones como la compra de departamentos en un edificio de alta gama en Paraná y la adquisición de vehículos, mediante mecanismos como préstamos simulados y balances adulterados.
También fue imputado el contador José Carlos Noguera, cuyo estudio habría funcionado como núcleo de las maniobras, desde donde se generaba documentación falsa o adulterada. En la causa también aparecen vinculadas su esposa, Gabriela Patricia Saint Pierre, y la empleada Débora Ferreyra.
A su vez, la abogada Adriana Crucitta, pareja de González, fue señalada por su participación en una de las sociedades investigadas.
El exsenador no será parte de este juicio en esta etapa. Actualmente se encuentra en Paraguay bajo arresto domiciliario junto a Iara Guinsel, en el marco de una causa por tentativa de contrabando, lluego de haber sido detenidos con una importante suma de dinero sin declarar.
El caso, ahora en etapa de juicio, se perfila como uno de los procesos judiciales más relevantes vinculados a corrupción y lavado de activos en la provincia.
Redacción Vía Paraná