La iniciativa fue impulsada por la diputada provincial Silvia Mariel Ávila y cuenta con las firmas de Lorena Arrozogaray, Andrea Zoff, Enrique Cresto, Silvina Soledad Deccó y Yari Demian Seyler. En el texto expresan su preocupación por el conflicto que atraviesa el PAMI con los prestadores de salud en Concordia y advierten sobre el impacto que podría tener en los afiliados.
Preocupación por la continuidad de la atención
Los legisladores explicaron que el proyecto surgió a partir de un planteo realizado por integrantes de la Mesa Coordinadora de Jubilados y Pensionados de la Plaza 25 de Mayo de Concordia, quienes manifestaron la incertidumbre existente ante una eventual interrupción de las prestaciones médicas.
Además, señalaron que mantuvieron reuniones con autoridades de la Unidad de Gestión Local XXXIV del PAMI, donde fueron informados sobre las dificultades que se vienen registrando para acceder a distintos servicios de salud.
El Sanatorio Concordia podría dejar de atender afiliados
Uno de los puntos centrales del proyecto hace referencia al anuncio realizado por el Sanatorio Concordia, que comunicó su decisión de rescindir el convenio con el PAMI a partir del 1 de septiembre, en caso de no producirse una actualización de los aranceles que perciben los prestadores.
Según expusieron los diputados, la institución sostiene que el atraso en la recomposición de los valores generó un fuerte desequilibrio económico que dificulta sostener la prestación de los servicios.
Advierten que 15 mil afiliados podrían verse afectados
En los fundamentos del proyecto se indica que desde mayo se registran restricciones en distintas prestaciones, entre ellas consultas con especialistas, cirugías programadas y algunas atenciones de guardia.
Los legisladores advirtieron que, si el principal prestador privado deja de atender a los afiliados del PAMI, unos 15.000 jubilados de Concordia podrían verse afectados, además de otros beneficiarios de localidades de la región que también dependen de ese servicio.
Asimismo, señalaron que ese escenario implicaría una fuerte presión sobre el sistema público de salud provincial debido a una eventual derivación masiva de pacientes hacia los hospitales públicos.
Reclamo al Gobierno nacional
En el proyecto también se recuerda que el derecho a la salud cuenta con protección constitucional y está respaldado por tratados internacionales incorporados a la Constitución Nacional, entre ellos la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores.
Si bien reconocen que la administración del PAMI corresponde al Estado nacional, los diputados sostienen que la Legislatura entrerriana debe expresar institucionalmente su preocupación por el impacto que esta situación podría generar en miles de afiliados.
Por ese motivo, solicitaron a las autoridades nacionales que adopten medidas urgentes para garantizar la continuidad de las prestaciones, promover instancias de diálogo con los prestadores y evitar que los jubilados vean afectado su acceso al sistema de salud.
Miguel A. López
