Víctor Amigorena
En el texto de adhesión se afirma que el Poder Ejecutivo convierte en Ley provincial VIII N°129 la adhesión de Chubut a la “Ley Micaela, de Capacitación Obligatoria de Género para todas las personas que integran los tres poderes del Estado”, en tal sentido, establece que las autoridades de los tres poderes del Estado provincial (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) son los responsables de garantizar la implementación de capacitaciones. Las misma están regidas por la normativa y recomendaciones de los organismos de monitoreo vinculadas con la temática de género y violencia contra las mujeres, suscriptas por Argentina.
En su articulado, deja establecido que el incumplimiento de la formación y capacitación, sin justa causa, es considerado falta grave, dando lugar a sanciones, dentro de la normativa vigente de los regímenes disciplinarios internos, y cada organismo administrativo deberá adecuar sus reglamentaciones internas de acuerdo a la presente ley.
A su vez, la Subsecretaría de Derechos Humanos certificará la calidad de las capacitaciones que elabore e implemente cada organismo, pudiendo realizar modificaciones y sugerencias para su mayor efectividad.
Por último, se invita al Observatorio de Género y Derechos Humanos de la Universidad del Chubut, a que brinde acceso público en su página de Internet, a la información recabada respecto del cumplimiento de las disposiciones de esta ley, desagregando el porcentaje de personal capacitado, según su jerarquía; a publicar anualmente un informe de cumplimiento.