Este miércoles, 8 de junio de 2022, finalmente el Concejo Deliberante de La Falda rechazó el recurso administrativo interpuesto por el propietario del ex “Petit Chateau Nor Tomarza” -hoy casa de té Isolina-, que planteaba la “ilegalidad” de la resolución que ya había emitido el órgano legislativo, impidiendo la demolición del palacete. El dueño de la antigua casona ubicada en Villa Edén había solicitado al Poder Ejecutivo que reconsiderara y resolviera la cuestión, pero su petición fue desestimada y por el momento no habrá demolición.
Cabre recordar que la idea inicial era demoler la tradicional casa para construir un complejo de departamentos. Frente a esto, los vecinos de La Falda protestaron y reclamaron que la conservación de un sitio al que consideran de importante valor cultural para la localidad.
Finalmente, se emitió un extenso escrito de diez carillas fundamentado en base a competencias y alcances determinados por legislación local y nacional en el que además se aclara que es el Concejo Deliberante el único órgano con “la atribución para aceptar, o no, excepciones a la norma”.
“Se desprende con absoluta claridad que la resolución emanada del Concejo Deliberante es un acto producido en el ejercicio de la función legislativa y no como interpreta el señor Jorge Bertopaulos que es un acto administrativo que puede ser atacado por el mecanismo previsto en la ordenanza de procedimiento administrativo, que es el caso de recurso de consideración. Es un acto normativo de sustancia legislativa, sancionada mediante el procedimiento deliberativo y tratada en el pleno del Concejo Deliberante con la aprobación de siete miembros y una abstención”, señala el escrito de la resolución que fue aprobada por unanimidad.
Y agrega: “Debate la cuestión en virtud de que el Poder Ejecutivo eleva el asunto a su consideración ya que el único con competencia atribuida para sancionar, modificar y excepcionar una norma general es el Concejo Deliberante. Y habiendo sido este órgano el que sancionó la ordenanza 2534 y sus prórrogas, resulta ser el único con la atribución para aceptar o no excepciones”.
De esta manera, el legislativo puso punto final a la instancia iniciada por el abogado Martín Capdevila en representación de Jorge Bertopaulos.
Por su parte, el dueño de la propiedad, a través de su abogado, anunció que podría continuar con su reclamo en la Justicia. “Mi representado tiene claro que, para poder acceder a la Justicia, hay que agotar primero las vías administrativas. En eso estamos. Dependiendo de lo que resuelva el municipio veremos si nuestro cliente quiere continuar. Las condiciones están dadas para hacerlo”, había señalado Capdevila en diálogo con La Estafeta .
