La Falda: postergaron el juicio por encubrimiento en la causa por la muerte de Jonatan Romo
El debate contra dos policías debía comenzar este jueves 6 de agosto en Cruz del Eje. Las partes acordaron esperar una resolución del Tribunal Superior de Justicia sobre el pedido para anular el juicio abreviado concedido a otros tres efectivos.
La Cámara en lo Criminal de Cruz del Eje resolvió postergar el inicio del juicio contra el subcomisario Pablo Zárate y el agente Lucas Giménez, imputados por encubrimiento agravado en la causa que investiga la muerte de Jonatan Romo, ocurrida en 2022 dentro de la comisaría de La Falda.
El debate había sido fijado para este jueves 6 de agosto, pero la suspensión fue acordada por las partes mientras se espera que el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba se pronuncie sobre un recurso de queja presentado por Gustavo Pérez, abogado de la familia Romo.
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La presentación cuestiona la decisión adoptada en abril por la Cámara en lo Criminal de Villa Dolores, que habilitó un juicio abreviado para los sargentos Miguel Aguilera y Walter Geri, y el cabo Hernán Suárez, imputados por “homicidio culposo ante el exceso de legítima defensa”.
Desde la querella consideraron que no resultaba conveniente comenzar el proceso por encubrimiento sin conocer previamente la resolución del máximo tribunal provincial. En caso de que el juicio abreviado sea confirmado, el debate contra Zárate y Giménez avanzaría por separado. En cambio, si la medida es anulada, la familia solicitará que todos los policías imputados sean juzgados en un único proceso.
Pérez informó además que el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura tomó contacto con la querella y acompaña el planteo para que se deje sin efecto el procedimiento abreviado.
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Zárate y Giménez llegarán al juicio en libertad y, en caso de ser declarados culpables por encubrimiento agravado, podrían recibir penas de entre tres meses y seis años de prisión.
Por su parte, Aguilera, Geri y Suárez enfrentan una escala penal de entre uno y cinco años. De concretarse el juicio abreviado, la pena acordada sería de un año y seis meses de prisión y cinco años de inhabilitación para ejercer cargos públicos, por lo que permanecerían en libertad condicional.
