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| sábado, 30 de mayo de 2026
En medio de la investigación judicial por presuntos abusos en el nivel inicial del Centro Parroquial Margarita A. de Paz, familias de alumnos presentaron una nota ante las autoridades del establecimiento para exigir medidas preventivas y mayores garantías de resguardo para los estudiantes.
Según publicó el diario Diario Perfil Córdoba, el documento fue dirigido al representante legal de la institución, Luciano Freytes Varela, y está firmado por madres, padres y tutores vinculados al 2° grado división “C”.
En la presentación, las familias solicitaron que el colegio aplique el principio de precaución previsto en la Ley Provincial 9.944 de Protección Integral, además de los protocolos vigentes en la provincia para situaciones vinculadas a delitos contra la integridad sexual.
Entre los puntos planteados se incluye el apartamiento preventivo de cualquier persona mencionada o investigada en la causa, así como la confirmación por escrito de que ninguna de esas personas mantiene contacto directo con los alumnos.
También pidieron reforzar los controles dentro del establecimiento, con medidas como supervisión permanente por parte del personal docente, registro de ingreso de visitantes, verificación de antecedentes penales y de delitos sexuales de todo el personal con acceso al alumnado y protocolos más estrictos para el contacto entre estudiantes y adultos ajenos al plantel educativo.
Las familias otorgaron un plazo de entre 48 y 72 horas hábiles para recibir una respuesta formal por parte de las autoridades de la institución.
Cómo comenzó la causa
El reclamo de las familias se da en el marco de dos denuncias por presuntos abusos contra niñas que asistían al jardín del establecimiento, hechos que actualmente son investigados por la Justicia.
Uno de los casos se remonta a mayo de 2025, cuando la madre de una niña de cuatro años advirtió sangrado en la ropa interior de su hija al retirarla del jardín. Ante esta situación, la menor fue trasladada al Hospital Municipal Gumersindo Sayago, donde se activó el protocolo correspondiente ante posibles situaciones de abuso.
Semanas después se radicó una segunda denuncia vinculada a otra menor que asistía a la misma sala, lo que dio lugar a la apertura de un nuevo expediente.
Actualmente, las causas se tramitan por separado: una en la Fiscalía de Tercer Turno, a cargo de la fiscal Jorgelina Gómez, y la otra en la Fiscalía de Segundo Turno, bajo la responsabilidad del fiscal Ricardo Mazzuchi.
En paralelo, el abogado Pablo Pigini, representante de las madres denunciantes, solicitó al Fiscal General de la Provincia, Juan Manuel Delgado, que ambos expedientes sean trasladados a una Fiscalía especializada en delitos contra la integridad sexual en la ciudad de Córdoba. A raíz de ese planteo, la Fiscalía General ya requirió informes a las fiscalías que actualmente llevan adelante las investigaciones.
