A más de cinco años del crimen de Cecilia Basaldúa, la joven mochilera que fue asesinada en abril de 2020 en esta localidad del norte cordobés, la causa volvió a tomar impulso en los tribunales. En los últimos días, se sumaron nuevas declaraciones testimoniales y se confirmó el reemplazo del fiscal que llevaba adelante la instrucción.
La causa pasó ahora a manos de la fiscal subrogante Sabrina Ardiles, quien quedó al frente de la investigación en reemplazo de Néstor Lingua, el funcionario que había asumido el expediente en mayo pasado.
La decisión busca dar continuidad al proceso judicial, luego de varios cambios y dilaciones que provocaron el reclamo sostenido de la familia de la víctima y organizaciones de derechos humanos.
Entre las novedades del expediente se destacan nuevas declaraciones testimoniales, entre ellas una denuncia anónima que apunta nuevamente contra Mario Mainardi, el hombre que alojó a Cecilia en su casa antes de su desaparición.
La testigo afirma haber presenciado la presunta participación de Mainardi y efectivos policiales en el traslado forzoso de la joven, y aportó un audio que ya se encuentra en análisis por la Justicia.
En paralelo, se extrajo material genético a Mainardi, que será comparado con restos hallados en la escena del crimen, a orillas del río Calabalumba, donde fue encontrado el cuerpo de Cecilia tras 20 días de búsqueda.
La instrucción había quedado estancada luego de la absolución de Lucas Bustos, el joven que estuvo detenido como único acusado y que fue liberado tras un juicio en el que se determinó la falta de pruebas en su contra. Desde entonces, la querella impulsó nuevas líneas de investigación y denunció el encubrimiento policial en la causa.
El Ministerio de Justicia de la Provincia de Córdoba resolvió duplicar la recompensa por datos relevantes: la suma ofrecida pasó de seis a doce millones de pesos. La medida busca incentivar la colaboración ciudadana con información que permita identificar a los verdaderos responsables del hecho.
Por su parte, la familia de Cecilia volvió a expresar su reclamo de justicia. Aseguran que el expediente original fue manejado con desidia y que desde el inicio se desestimaron pistas fundamentales que podrían haber cambiado el rumbo de la investigación.
“El Estado tiene una deuda con Cecilia. Vamos a seguir hasta que se sepa la verdad”, señalaron desde el entorno familiar.