“La situación que se nos presenta, el acoso y hostigamiento policial detallado por los defensores ambientales, es grave y no puede desconocerse que es el Estado el que tiene la obligación y responsabilidad de dar adecuada custodia a quienes están reconocidos y protegidos por el Acuerdo de Escazú”, indica el fallo emitido por la jueza de Control y Faltas 9 de Córdoba, María Celeste Ferreyra.
La magistrada hizo lugar al “habeas corpus” presentado por las organizaciones ambientalistas que protestan en contran de la construcción de la autovía, e intimó a la fuerza policial provincial a evitar detenciones indebidas. En este sentido, el fallo subraya que el accionar policial ante las protestas de los ambientalistas debe ser la norma, “siempre que no exista una orden judicial que así lo disponga o se verifique alguno de los supuestos taxativamente previstos en el Código Procesal Penal”.
Por otro lado, la jueza solicitó a la la jefa de la Policía de la Provincia, Liliana Rita Zárate Belletti, que haga concoer el fallo a toda la fuerza y además recomendó al Gobierno de la Provincia de Córdoba que, a través del Ministerio de Seguridad, elabore un protocolo destinado “específicamente a regular las prácticas y criterios de actuación de las fuerzas de seguridad en manifestaciones sociales que tengan por fin defender derechos reconocidos por la Constitución Nacional y Tratados Internaciones, entre ellos los derechos ambientales”.