El tema de fondo se debe a que las personas con discapacidad no recibirían el título oficial como estudiantes que cursaron y concluyeron en tiempo y forma el Nivel Escolar Secundario, sino que sólo se les otorgaría certificados.
En esa premisa se basa el pedido por parte de integrantes de varias Fundaciones, que este viernes por la mañana, se reunieron en las puertas del Centro Cívico De la ciudad de Córdoba con el fin de ser escuchados.
"La Constitución está en la cúspide de la pirámide, es la Ley más importante para nosotros en este país. Además, hay una Convención aplicada por la Argentina, que es la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que es muy benévola (…) porque son personas dignas de derechos y de que sean respetadas", dijo Silvia Carranza de la Fundación Fusdai en una nota emitida por el programa cordobés "El Show de la Mañana".
Esta Convención mencionada, dice que los Estados parte deben garantizar a las personas con discapacidad, el derecho a estudiar y a educarse, algo que según las autoconvocadas, la Resolución Ministerial de Córdoba, que es de una jerarquía menor a las otras dos leyes, no estaría cumpliendo ya que "vulnera todos los derechos, le pone muchas trabas y además, es absolutamente inconstitucional en todo su articulado", enfatizó Carranza.
El hecho que plantean, se encontraría respaldado por una serie de casos que se han venido dando en el transcurso de los últimos años, a lo que Romina Zejdlik, perteneciente a la Fundación Por la Inclusión Plena, también se sumó al reclamo.
"Nosotros creemos que un niño con discapacidad, que cursa todas las materias en la escuela común como cualquier otro, aunque reciba apoyos y ajustes racionales como bien lo establece la Convención, debe obtener su título como cualquier otro joven que egresa del secundario", enfatizó.
Además, al pedido público también se sumó Lucía Torres, referente principal de la Fundación Upi y el proyecto local Albergo Ético Argentina, que cuenta con un Hostel carlospacense atendido por 12 jóvenes con Síndrome de Down y discapacidades intelectuales, y que mediante la labor cotidiana, fomentan el desarrollo de su autonomía.
Quien además, se adhiere a lo solicitado con la finalidad de que "el Ministerio de Educación revoque dicha Resolución y que otros organismos intervengan para que quede sin efecto todo lo que reglamenta en materia educativa", denunciando además, la "inconstitucionalidad y violación de derechos humanos en educación".