Francisco Vera
El Gobierno de Santa Cruz se presentará ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación para reclamar la nulidad del Decreto de Necesidad y Urgencia (756/18) con el que Mauricio Macri derogó el Fondo Federal Solidario.
El vicegobernador Pablo González que informó que los municipios harán lo propio el martes en los juzgados federales de Santa Cruz, tanto en el de Río Gallegos como en el de Caleta Olivia.
"Lo que se plantea –dijo González- es el incumplimiento del Estado nacional al consenso fiscal" ya que "uno de los motivos por los que firmamos el consenso fue justamente el mantenimiento del fondo soja que en el caso de la provincia de Santa Cruz son 41 millones de pesos por mes".
En lo que va de este año, Santa Cruz recibió por los "Soja", la suma de $255 millones y todavía quedaban otros $145 hacia fin de año. De ese total, un 30 por ciento fue coparticipado a los municipios, que hoy ven con preocupación el futuro de sus finanzas.
Además, la Provincia estima que para 2019, por Fondo Federal Solidario deberían entrar otros $500 millones. La eliminación del Fondo Federal Solidario lleva al gobierno de Alicia Kirchner a judicializar el problema, debido a que es la Provincia más perjudicada.
Por eso en las últimas horas, la Fiscalía de Estado que conduce Fernando Tanarro y la abogada del Estado santacruceño, Graciana Peñafort, elaboraron un recurso de amparo para que la Corte intervenga declarando inconstitucional el Decreto del Gobierno Nacional. Sostienen que el decreto es nulo porque va contra pactos internacionales, leyes y la propia Constitución Nacional.
Es que el Consenso Fiscal que firmó Santa Cruz, junto a la mayoría de las provincias, reconocía las potestades tributarias entre los distintos niveles de gobierno y se estableció que los recursos del Fondo Federal Solidario “se distribuirían entre las jurisdicciones que adhiriesen, sin incluir Estado nacional”.
Fondo sojero
Hay que destacar que del 30 por ciento de la recaudación por el derecho a la exportación de ciertos elementos, la Nación se queda con el 70 por ciento de lo recaudado y las provincias con el 30 por ciento. La misma fórmula se aplica en Santa Cruz, que reparte el 30 por ciento de lo que recibe entre los municipios y comisiones de fomento según el índice de habitantes.
Esos dineros no pueden usarse en sueldos de la administración, y deben ir específicamente a financiar obras de infraestructura sanitaria, educativa, hospitalaria, de vivienda y vial en ámbitos urbanos o rurales.
Fuente: Tiemposur