Eduardo Murphy
El Juez de Las Heras había procesado a más de 120 policías por la retención de servicios en 2016 y los había acusado de varios delitos. El Juzgado de Recursos de zona norte pidió la nulidad de todo y reclamó al TSJ una sanción para el juez Eduardo Quelín.
La causa se inició por las protestas y quites de colaboración que la Policía hizo en 2016, con el respaldo de la Asociación Policial, que tuvo mayor adhesión en la zona norte.
El reclamo de los policías tenía que ver con mejores condiciones de trabajo, como la provisión de uniformes, además del pago en tiempo y forma. Hechos como ese, que implicaron retención de servicios y que dos años antes habían terminado en un auto-acuartelamiento, no volvieron a suceder.
Ahora se conoce el fallo del juez de Recursos Miguel Angel Meyer, que destroza los argumentos a los que echó mano Quelín para sostener la causa contra los policías.
En su fallo, Meyer cita al Tribunal Superior de Justicia, que en la causa Perancho ya dijo que la intervención del Poder Judicial "debe definitivamente ser prudente, en particular del fuero penal, frente a los reclamos sociales".
Su reclamo era con concurrencia al lugar de trabajo, donde se mantenían las guardias mínimas, pero Quelín los acusó del delito de "abandono de destino", tipificado en el artículo 252 del Código Penal.
Sin embargo, para el Juez de Recursos, su colega nunca acreditó que los policías hubieran abandonado su lugar de trabajo, y aclaró que “sólo hubo un simple quite de colaboración en algunas tareas”.
En definitiva, "las irregularidades" de la investigación de Quelín, son para Meyer tan graves que "ameritan la intervención del excelentísimo Tribunal Superior de Justicia", y dispone la remisión de una copia de su fallo, en el que declaró nulas todas las actas y revocó los 137 procesamientos.
Vale recordar que la vía administrativa contra de los policías terminó el 20 de abril 2017, cuando se conoció el Dictamen de la Jefatura de Policía que sancionó a los policías que se plegaron a las medidas de fuerza con, entre 21 y 31 días de arresto, según su grado de participación.