Eduardo Murphy
El juez subrogante Gabriel Contreras Agüero dictó el procesamiento por administración fraudulenta a Pedro Milla, secretario general de la Federación, junto a tres integrantes actuales de la comisión directiva y tres que dejaron sus cargos.
Fueron procesados por desviar fondos de aportes que le correspondían al sindicato petrolero de Santa Cruz cuando estuvo intervenido en 2011.
El juez subrogante Gabriel Contreras Agüero dictó el procesamiento y el embargo por 500 mil pesos a 7 integrantes de la Federación Argentina Sindical de Petróleo, Gas y Biocombustibles por "haber administrado fraudulentamente" los bienes del Sindicato de Petroleros y Gas privado de Santa Cruz durante los dos años en el que estuvo intervenido, entre el 2011 y el 2013.
El texto judicial concluye que “durante el periodo que fue intervenido el sindicato, la Federación percibió cuantiosas sumas de dinero de las diferentes empresas donde trabajaban los afiliados al sindicato, las cuales fueron depositadas en la cuenta del Banco Nación perteneciente a la Federación, omitiendo luego rendir cuentas y entregar al sindicato dicho dinero una vez regularizada su situación”.
Procesados
De los siete procesados, cuatro de ellos encabezan actualmente la dirigencia de la Federación: el secretario general, Pedro Milla; el secretario adjunto David Castro; Carlos Flaquier, pro-secretario de Obra Social y Previsión Social; y Juan Barrientos, secretario de Prensa, Cultura y Capacitación.
A ellos se suman Julio Antonio Miranda quien era secretario adjunto en 2011 y fue gobernador de Tucumán entre 1999 y 2013; y Pablo Méndez y Armando Retamoso, que integraban la comisión normalizadora del sindicato santacruceño que fue intervenido judicialmente en abril del 2011.
La denuncia fue presentada por el actual secretario general del Sindicato Petrolero y Gas Privado de Santa Cruz, Claudio Vidal, quien asumió la dirigencia del gremio en diciembre de 2013 y luego de realizar una auditoría detectó estas irregularidades, que alcanzan los 200 millones de pesos, e inició las acciones legales que derivaron en el procesamiento de los denunciados.
Empresas
Empresas como AESA, Quintana Wellpro, DLS, Schlumberger Argentina, entre muchas otras, declararon haber realizado transferencias por los aportes y contribuciones ordinarios y extraordinarios de sus empleados a una cuenta del Banco Nación en Buenos Aires, según fue solicitado por las autoridades de la Federación; que nunca fueron devueltas al sindicato de Santa Cruz una vez finalizada la intervención.
"De toda la prueba valorada en forma integral a la luz de la sana crítica racional surgen indicios claros, precisos, concordantes y convergentes de que se ha cometido un delito y que los imputados en autos resultan ser los autores de los hechos que originaron la investigación", aclara el juez en el escrito.
Los siete procesados como coautores del delito de defraudación por administración fraudulenta, figura prevista y penada en el artículo 173 inciso 7 del Código penal, sufrirán un embargo sobre sus bienes de 500 mil pesos cada uno.