Redacción Vía País
En la Ciudad de Buenos Aires pasamos del sueño de la casa propia a la pesadilla del alquiler. El territorio porteño está atravesado por una problemática común: la vivienda. Es lógico, teniendo en cuenta no solamente que la mitad de los habitantes del distrito son inquilinos, sino que en promedio cada uno de ellos destina el 50% de sus ingresos y más incluso, al alquiler. Un reciente informe de las organizaciones ACIJ, CIPPEC y TECHO reveló que en toda la Argentina el 60% de las personas se endeuda para hacer frente al pago mensual de su vivienda. La Ciudad de Buenos Aires es un exponente profundo de esta crisis.
El fracaso rotundo es de la orientación que durante años incentivó la revalorización de la tierra para que unos pocos hicieran grandes negocios. El marco regulatorio del fracaso es el Código Urbanístico y la Ley de Plusvalía urbana, que fueron instrumentos de la especulación y agravaron el cuadro. Las leyes de la entrega las ejecutaron desde los bloques mayoritarios: el peronismo puso su “grano de arena” apoyando la entrega de tierras y habilitaciones para construcciones especulativas, como el Distrito Joven, tierras de Liniers y Caballito, Golf de Lugano y otras.
La vivienda pasó de ser un derecho a ser el negocio de un puñado de grandes intereses capitalistas. Uno de los problemas fundamentales pasa por el poder adquisitivo. El precio promedio de un alquiler está en aproximadamente $98.700 (1 ambiente), $130.800 (2 ambientes) y $189.450 (3 ambientes), según la misma Dirección de Estadística, para junio de 2023, aunque el ritmo de los precios sube con rapidez. Por el contrario, el 50% de los hogares tiene un ingreso familiar menor a $230.000, y si vamos a la zona sur de la Ciudad este promedio se derrumba. El aumento salarial es una necesidad de primer orden.
La problemática habitacional no refiere a un problema de capacidad: se estima que en la ciudad hay unas 240.000 viviendas vacías y que en los últimos 10 años se construyeron más de 10 millones de metros cuadrados. En este periodo la población general de la Ciudad no se incrementó, aunque las villas crecieron un 400%. Estamos, entonces, ante un problema de orientación social. ¿Para quiénes y para qué es la vivienda? Las necesidades de muchos se ven imposibilitadas por los negocios de unos pocos.
El costo de construcción por m2 es de 550 dólares, pero los valores que se ven en el mercado duplican y más, esa cifra. También ilustra esto la situación de los alquileres temporarios (AirBnB, Booking), medidos en dólares para el turismo, que aumentaron a fines del año pasado un 20%. La dolarización afecta a todo el mercado: el encarecimiento general es el fruto de haber convertido la vivienda en un enorme negocio de unos pocos.
Prácticamente no existe la implementación de la Ley de Alquileres. Los personeros del Estado demuestran que cuando las leyes afectan intereses capitalistas aunque sea ínfimamente, como es este el caso, no hacen nada para hacer cumplir lo que votaron. La ley fue derogada en los hechos bajo la mirada complaciente de los diputados defensores de la especulación inmobiliaria. Su modificación en diputados fue el fruto de un trabajo mancomunado: el bloque de Milei le garantizó el quórum a Juntos por el Cambio, y la ausencia de 13 diputados de diferentes espacios del peronismo, terminó de garantizar la modificación que pedían las inmobiliarias.
El macrismo, que lleva 16 años en CABA, expulsa a los trabajadores día tras día. Un empleado del gobierno de la Ciudad, por ejemplo, no aplica con su salario a un crédito hipotecario del Banco Ciudad. El peronismo termina su mandato con salarios en la ruina, mientras que el PJ porteño y el kirchnerismo avalaron durante todo el mandato del PRO la privatización de tierras a grupos como IRSA, la Agencia de Bienes y demás iniciativas de privatización y encarecimiento del suelo.
¿Hay una salida? Para nosotros la respuesta es sí. Por eso junto a mi compañero legislador del PO y el Frente de Izquierda Gabriel Solano presentamos un proyecto de ley para que se declare en emergencia la situación habitacional de la Ciudad de Buenos Aires.
Esta situación requiere medidas específicas. La regulación de precios, la creación de viviendas populares, con créditos accesibles y a tasas subsidiadas, también destinados a la adquisición de viviendas disponibles en el mercado. Impactar con una política de ‘desinquilinización’ de la Ciudad, es una orientación fuertemente resistida por los especuladores que tanto poder de lobby tienen en el gobierno de la Ciudad y en el Congreso Nacional. La organización de inquilinos es fundamental también. Impulsamos impuestos a la vivienda ociosa, progresivo según la cantidad de propiedades. Con ese tributo y otros, de carácter progresivo, se podría armar un Fondo para el Derecho a la Vivienda, para financiar políticas para los trabajadores. A su vez, hay que ampliar el subsidio habitacional para familias cuyos ingresos están por debajo de la línea de pobreza. Por otra parte, proponemos una fuerte regulación del mercado de alquileres temporarios.
Nuestra propuesta incluye la creación de un Banco de Tierras Públicas para destinar terrenos y edificios fiscales a viviendas populares y la revisión de las tierras y edificios públicos enajenados en los últimos años. La disposición de viviendas para el alquiler social por parte del Estado, debe ser una medida transicional frente a la crisis general, dando siempre prioridad a la obtención de viviendas propias.
El problema de la vivienda tiene solución. Esta requiere una planificación detallada en favor de las y los trabajadores, para frenar el desquicio que produjo la anarquía capitalista creada por el beneficio que el Estado le destina a un puñado de empresarios inmobiliarios.